BRANISLAVA SUSNIK - EL INDIO COLONIAL DEL PARAGUAY Texto: EL PUEBLO GUARANI COLONIAL / Edición digital: BIBLIOTECA VIRTUAL DEL PARAGUAY

EL INDIO COLONIAL DEL PARAGUAY

Autora: BRANISLAVA SUSNIK

(Enlace a datos biográficos y obras
En la GALERÍA DE LETRAS de

www.portalguarani.com )

Museo Etnográfico Andrés Barbero,

Asunción-Paraguay, 1965. 243 pp.

Versión digital:

BIBLIOTECA VIRTUAL DEL PARAGUAY

CONTENIDO DEL LIBRO e HIPERVÍNCULOS
INTRODUCCIÓN
1 – El primer servicio y el yanaconato. (400 Kb.)
2 – El mitazgo. (615 Kb.)
3 – Extracción de indios. Oficios. Salarios. (92 Kb.)
4 – El pueblo guaraní colonial. (173 Kb.)
a) Formación
b) Tierras, bienes comunales y potencialidad económica de los pueblos
c) Las inquietudes de los pueblos guaraníes por las hostilidades "guaycurúes"
d) Particularidades de algunos pueblos y los Guaraníes monteses.
e) indio libre y mestizo
f) El gobierno del pueblo.
5 – La resistencia activa de los guaraníes. (56 Kb.)

APENDICE:
Decreto declarando ciudadanos libres a los Indios naturales de toda la República. 7 de Octubre de 1848.
Indice de citas
Abreviaciones
Todo el libro (1327 Kb.)
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INTRODUCCIÓN

"En sus costumbres siguen el caracter de las circunstancias. Todo es debil; aunque si se estuviera á la relacion de los que como dicen conocen la tierra, no hay cosa buena entre los indios; borrachos, ladrones y sin pudor; tal es el concepto general de las Indias y fué tambien mio por mucho tiempo. Pero si hay primeras impresiones mas distantes de la verdad es una referida de los peritos; meditadas las circunstancias todas concurren á que sean los indios malos, porque gentes que trabajan y no lo usufructan, que tienen y no comen y lo ven tal vez desperdiciar, es natural no sean religiosas. Aun asi no es excesivo el desafuero de los indios, tambien es debil. Las armas prohibidas por lo general supuesta presision de estos paises, son tan comunes en su cinta, como en la del español y rarísima vez sucede alguna herida, ni en su pueblo, ni en sus destinos y esto con suponer conservan contra los españoles la mala voluntad. En tal cual ocasión que se han visto inducidos ó mal tratados han sido homicidas. En mi tiempo ha sucedido una muerte del primer modo y otra del segundo. También se cuenta que por pura maldad las han hecho."
"Su trabajo regular es sosegado, pero constante y con todo lo referido se profiere que no equivale á la comida que es por cierto buen descabellamiento de la razon. El tiempo hace que se muden las ideas y si las hay que merezcan el arrepentimiento de una de ellas, la fatal de los indios; porque son gentes que es imposible conocer su suerte, vida y costumbres, sin ternura y admirarse de que subsistan y sean tan regulares, particularmente en estos pueblos donde viven al pupilage como si siempre fueran niños. Tal es en efecto la comunidad."
AGUIRRE, J. F., 1793 (Ag-I, p. 446-447)

El presente estudio forma parte de la serie "EL INDIO COLONIAL DEL PARAGUAY", la que abarca los siguientes tópicos: El Guaraní Colonial, El Guaraní de las Misiones, El Chaquense y el Xarayense, Fundamentos de la plasmación cultural hispano-guaraní. Sólo pretendo con este trabajo presentar algunos hechos más importantes para una mejor comprensión de la vida indígena en la época colonial, tal cual puede deslindarse de los documentos conservados. Espero haberlo conseguido.
LA AUTORA.

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CAPÍTULO 4

EL PUEBLO GUARANI COLONIAL.

a) Formación.

Aguirre supone que los verdaderos pueblos guaraníes, según nombrados en la época colonial, recién se iniciaran alrededor del año 1570; la primera mención de Itá y Yaguarón figura en una jornada de Hernandarias para pacificar a un grupo de los revoltosos paranaenses; en la orden de Añasco del año 1598 se habla de "los indios comarcanos de la ciudad", entendiéndose Itá, Yaguarón, Altos y Tobatí (393). La formación de los pueblos se basa en la ideología de las "reducciones", es decir, de las aglomeraciones locales, parciales y cerradas del gentío guaraní, el origen del "pueblo-táva" en el sentido de una "comuna india" exclusivista (394). A la llegada de los españoles, los guaraníes, cultivadores neolíticos, hallábanse organizados por "casas-pueblos" o por simples "asientos" parciales como hablan los documentos del siglo XVI; existían las agrupaciones simples por linajes, a veces identificables por 3 casas comunales, formando pequeñas aldeas o ya aldeas mayores, las cuales en ocasión de la resistencia a los españoles demostraron una concentración capaz de defensa, antiguamente motivada por la presencia de las tribus vecinas culturalmente paleolíticas. Las pequeñas uniones aldeanas con asientos diseminados dentro de un "guára-provincia" con límites que permitían la explotación rotativa de la tierra según las necesidades propias del tipo de cultivo, deben considerarse una expresión más característica de la unidad socio-política guaraní. El hecho de que los primeros contactos de los españoles con los guaraníes basaronse en el trato con los representantes de las unidades sociales, influyó en que las primeras noticias designan tales unidades con nombres de los caciques o locales, predominando los primeros por el simple interés de especificar "la casa-pueblo" del cacique que debía el servicio "por amistad y parentesco ". Los cacicazgos se identificaban así, en la primera época colonial, con los "pueblos indios". La primera desintegración de los mismos tuvo tres causas: mercedes de las tierras, las rancheadas y el empadronamiento. Las "casas-pueblos " de Cupiraty, Ytambucú, Yborá, Moqueratí y Mayrarú constituían el núcleo pre-asunceño guaraní; la estrecha zona en la que se hallaban dichos asientos significaba el área de seguridad contra los "guaycurúes" en los tiempos de Alvar Núñez e Irala (395); no obstante, ningún "táva" colonial se levantó en dichos asientos; la primera colonización chacarera de los españoles posesionóse de dichas tierras, y el servicio por parentesco y el mestizamiento desintegraron la nucleación cario asunceña; los remanentes fueron luego, al parecer, integrados en el pueblo cordillerano de Altos. En la zona comarcana de la ciudad, los pequeños riachos localizaban los primarios asientos de las "casas-pueblos" guaraníes, asientos a la vera de los ríos y riachos de Yaguarí, Itaguá, Caañabé, Guayabití y otros (396); no menos importante fue la zona de la Cordillera de Altos, "el yvytyrusú", como una provincia mencionada en las jornadas de Irala, quién siempre centraba su interés en esta zona, según lo demuestra la misma distribución de las primeras encomiendas; en los alrededores de Areguá tuvieron su asiento los mongolás-guaraníes, desintegrados luego como yanacona, al ser dados en tal condición por Alfaro a los religiosos mercedistas (397). Se levantaron en esta zona comarcana los pueblos de Altos, Itá y Yaguarón, pero sería erróneo considerar los mismos como aglomeraciones exclusivamente de los antiguos pobladores guaraníes del área, pues el proceso del yanaconato, del mestizamiento y del ocaso biológico debilitó notablemente los grupos originarios, actuando la hispanización sobre ellos con mayor impacto que en otras áreas.
La zona de la que las fuentes del siglo XVI hablan como "provincias de Acaay, Quyquyó y Tebicuary", constituía otro centro de la expansión colonizadora de los españoles cuando económicamente predominaban las estancias; los guaraníes de esta zona estaban en relaciones continuas con los paranáes, conocidos por su altivez y belicosidad. También los asientos de estas "provincias", las "casas-pueblos" de los caciques, estaban diseminados por lugares que favorecían el cultivo neolítico; ateniéndonos a los datos que sobre el primer empadronamiento tenemos, y además a los pleitos encomenderos, podemos decir que la comunidad del cacicazgo incluía generalmente de 40 a 90 hombres; así por ejemplo, la tierra-casa del cacique Icoca, el principal de Quyquyó, contaba con 44 hombres de guerra, o sea proporcionalmente con 200 almas; esta unidad social guaraní pasó luego a poder del encomendero Escobar en el año 1558 (398). La aldea del cacique Aybára contaba con "3 casillas" o 3 linajes, con un total de 87 hombres o sea cerca de 350 almas (399); en esta misma aldea ocurrió una disensión entre los "teýy" componentes, fraccionándose el grupo de Abapitú con el nuevo asiento en Acaraytí. En la "provincia de Quyquyó se menciona también el asiento del cacique Paramiri que estaba en buenas relaciones con los paranáes e integraba muchos refugiados paranaenses; algunos asientos parciales se conocen también en "la provincia de Tebicuary", como los de Itaquí, Mbocayí, etc. En vista de que estas noticias se basan en los datos ocasionales a través de los pleitos encomenderos, no se puede deslindar la ocupación definitiva de las antiguas unidades sociales guaraníes; por otra parte, los alzamientos continuos en dicha zona, las rancheadas para proveerse de yanacona, los desplazamientos de los guaraníes de un lugar al otro por miedo al empadronamiento, o simplemente razones particulares de los refugiados paranáenses y fugitivos alzados tobatines-guaraníes, no permiten establecer la distribución de las originarias aldeas guaraníes. Las encomiendas conferidas en esta zona fueron numerosas en el comienzo, pero las "casas-pueblos" solían fraccionarse, por lo que algunos encomenderos comenzaron a aglomerar "pueblos" o parcialidades de sus encomiendas hacia fines del siglo XVI; los pueblos "... por estar divididos los ha procurado allegar y juntar para hacer con ellos lo que su Majestad le manda y encarga..." (400), se lee en la defensa de un pleito. Esto no obstante, no se puede hablar de verdaderos pueblos encomenderos en la zona; algunos hasta se desintegraron, como por ejemplo el pueblo del cacique Boiratín de Acaay que fue dado a los padres dominicos para su estancia de Tabapyy y se mezcló finalmente con los esclavos negros; otras antiguas unidades sociales guaraníes fueron, por las constantes inquietudes, integradas en los pueblos comarcanos de Itá y Yaguarón, quedando los asientos guaraníes baldíos en dicha zona.
En el área norteña, las fuentes mencionan las "provincias" de Jejuí, Juruquisába, Tanimbú y Tobatí, frecuentemente alzadas contra el sistema de mitazgo; las antiguas "casas-linajes," también demuestran una capacidad de 50 a 100 hombres (401); los encomenderos efectuaron la primera aglomeración de los "teýy" dispersos; el pueblo de Tobatí integró luego la totalidad de Tanimbú y Juruquisába. En la zona de Jejuí que comprendía a los guarambarenses, los "teýy" eran numerosos, pero se diferenciaban por capacidad, existiendo también algunas aldeas mayores; de que los rebeldes guarambarenses en ocasión de la revuelta de Tavaré hubieran reunido de 7 a 8.000 hombres de guerra, es indudablemente una exageración, pero a la par también un índice de la potencialidad numérica de estos parciales. Las primeras aglomeraciones de los antiguos pueblos guaraníes no tuvieron mucho éxito en esta zona, pues temporalmente los grupos se desintegraban y todavía en el siglo XVII manifestaban cierta resistencia a la concentración permanente en los pueblos. La tentativa de aglomerar los "teýy" en los pueblos fijos fue la más tardía en la provincia de los itatines-guaraníes, y los mismos pueblos mencionados de Tareí, Bomboí y Caaguasú de Itatí deben considerarse más bien como agrupaciones emparentadas; la emigración de los guarayos-itatines dejaba inestables las antiguas comunidades.
La política pre-encomendera que caracterizaba al primer gobierno de Irala, significaba también una política de pre-reducciones de los indios; Irala aglomeraba la gente india por necesitar siervos y criadas indias, garantía para la subsistencia de la población de hombres españoles, y al mismo tiempo buscaba la sujeción de las primarias comunidades guaraníes diseminadas por medio de "amistad y parentesco"; las rancheadas destruyeron muchas "casas-pueblos". Los Oficiales Reales, al exigir la organización de las encomiendas, también exigían la aglomeración de indios en los pueblos de los encomenderos, aglomeración que les permitiera control y estabilidad de los brazos y de la movilidad de los "teýy". El principio del "pueblo-cacicazgo" se anuló e impúsose el pueblo compuesto de varios cacicazgos, cuya unión se fundamentaba esencialmente en el sistema de mitazgo y en la presencia de un poblero español. El mismo empadronamiento del año 1553 circunstanció grandes desplazamientos de los asientos guaraníes y también divisiones de las pequeñas aldeas. Las ordenanzas de Irala determinan que los indios "... no se muden vayan ni ausenten de sus casas y pueblos a otros pueblos y casas ni parte alguna e allí vivan permanezcan todo el tiempo que Dios les diere de vida..." (402). La obligación de asientos permanentes, fijos y sedentarios no permitía la libertad de elección del lugar, un problema aún importante en aquella época basada en la agricultura como economía exclusivista. Los nuevos asientos fueron designados por las conveniencias de los encomenderos, ocupando éstos las tierras más fértiles y aptas; se aseguraba la localización estable de los pueblos mediante la prohibición de las mudanzas parciales. La formación de tales pueblos desposeía a los guaraníes de sus tierras por cuanto se les negaba el derecho del libre movimiento de lugar a lugar o hasta, de pueblo en pueblo, siempre que no intermediaran obligaciones de mitazgo y de licencias. Se trataba de asegurar la subsistencia del pueblo, ordenándose que nadie pudiera "... estorbar a los dichos indios sus tierras, campos, pastos, cazas, pesquerías, asientos de pueblos y términos que ellos tienen y han tenido por uso y costumbre..." (403); la ordenanza anulaba así las anteriores rancheadas, sacas violentas de los indios de sus comunidades y prevenía la retirada de ellos a los montes vecinos. Ninguna específica mención se hace respecto a 1a organización de estos primeros pueblos hispano-guaraníes; nada se dice aún del cabildo y de justicias; la autoridad de los encomenderos sobre el mismo pueblo y la presencia de un poblero español se imponían en la práctica, lo que significaba una libre disposición de los indios y del pueblo en su potencial económico, basado en el sistema comunal para encaminar a los indios "... a las cosas de pulicia, justa ocupación y trabajo que deben tener para se poder sustentar y pagar sus tasas y acudir a otras obligaciones..." (404). A este tipo del pueblo indio apelaban los encomenderos asunceños aún en tiempos del gobernador Rege Corvalán, cuando protestaban por los abusos gubernamentales y el ocaso de los pueblos. También evocaban este tipo de "pueblos de los encomenderos" en contra de la ordenanza 13 de Alfaro, la que precisamente prohibía la función de pobleros, mayordomos y administradores españoles en los pueblos, proponiendo que uno de los encomenderos interesados en un determinado pueblo tomara a su cargo la administración del pueblo guaraní (405). La función de los primeros pobleros puede deslindarse de la siguiente mención: "que les industrie (a los indios) y enseñe en pulicia y dandole bueyes, herramientas y todo lo demás necesario para sementeras..." (406). El mismo Hernandarias en sus Ordenanzas aún destacaba el rol de encomenderos, pobleros y corregidores indios como tres autoridades. La función de los pobleros caracterizaba además la primera fase de la vida de los nuevos pueblos: la fase agrícola y de producción de lienzo. De que estos pobleros españoles cometían abusos en su propio interés y en provecho de los encomenderos se desprende del cuadro lamentable, que sobre la miseria de los pueblos indica el gobernador Ramírez Velasco en 1597; prohibió este gobernador que los pobleros de los pueblos guaraníes y de las estancias fuesen "delincuentes" (407), entendiéndose bajo este término malas costumbres y malos tratos con los naturales. Se aglomeraban en un pueblo los cacicazgos diferentes de uno solo o varios encomenderos; no se trataba ya de las unidades "teýy" socio-económicamente cooperativas según el antiguo principio guaraní, sino de los grupos parciales al servicio de los intereses del pueblo, tal cual formulados por los encomenderos, siendo aún ausentes las verdaderas doctrinas y reducciones. El mismo cambio del sistema del cultivo con arado y bueyes en oposición con la roza, identificable también con la diferencia social entre "el cultivo del pueblo" y "el cultivo individual" produjo su impacto y provoco la crisis, manifestada por reacciones diferentes y circunstanciales de los cacicazgos incorporados. Estos primeros pueblos de los encomenderos aún estaban algo diseminados ya que el proceso de aglomeraciones basábase en las necesidades propias de los encomenderos; el primer impacto lo produjeron las estancias; la expansión de las estancias iba en perjuicio de los sembradíos de los pueblos guaraníes, siendo como eran los pastos libres; las zonas de Tobatí y Acaay se destacaban por esta nueva ganadería; el problema llegó a ser tan agudo que las mismas ordenanzas de Alfaro definían los límites de distancia reglamentaria entre el pueblo guaraní y las estancias españolas (Nº 16). Las vacas para los guaraníes simbolizaban la destrucción de su vida, y no es por ende extraño que la quema de una vaca caracterizara la resistencia de los guarambarenses a los españoles en ocasión de la revuelta de Overá. Muchos pequeños pueblos de las zonas de Acaáy y Tobatí reaccionaron frente a las estancias, se dispersaron por los montes vecinos, eludiendo así también el servicio de mita (408). Algunos caciques defendían contra los encomenderos y los estancieros el cultivo como una básica actividad suya; el cacique-corregidor de Tobatí en el año 1620 exigía de sus parciales el trabajo de chacareo: "...para poner en pulicia los indios del dicho pueblo que está a mi cargo mandándoles hagan chacaras para que tengan bastimento y víveres ellos y sus hijos..." (409); este mismo documento indica también que algunos indios por otra parte eludían el chacareo individual y comunal. Las ordenanzas de Ramírez Velasco son aún más explícitas al respecto; en el año 1597, la miseria de los pueblos indios era notoria; los indios se ausentaban de los pueblos, "por no tener en ellos bastantemente el sustento necesario de lo cual redunda hacerse cimarrones y no tener doctrina ni acudir a servidumbre..." (410); se ordenó a los encomenderos señalar a cada indio una cantidad de tierra que cubriera la capacidad de una sementera para 3 años. Abundaban en los pueblos viudas y huérfanos, y se impuso a los encomenderos reservar cada año una siembra de maíz como bien comunal para reparto (Nº 11). Continuaba la saca de los adolescentes de ambos sexos, originándose una verdadera disipación de algunos pueblos (Nº 13). Aunque las ordenanzas de Irala ya prohibían la estadía de los encomenderos en los pueblos, dicha orden no se observaba; los encomenderos se creían amos de sus encomendados mitayos y, por extensión, también con derecho sobre el pueblo en cuanto sus cacicazgos-parcialidades lo componían, aprovechando rescates, mujeres y brazos; no faltaban las mujeres de los encomenderos que entraban en los pueblos por el interés en hilanzas indias. Había algunos pueblos que constituían verdaderos centros de hilanza y producción de lienzo; la ordenanza de R. Velasco dice que la mujer india recibía cada lunes 4 onzas de algodón para hilarlo en 4 días obligatorios (Nº 42); la necesidad de este artículo obligaba a R. Velasco a tolerar dicho régimen.
Los encomenderos asunceños siempre defendían la estrecha comunicación entre el encomendero y el pueblo, justificando ideológicamente su dominio en el sentido que se trasluce de la protesta del Cabildo contra la ordenanza Nº 12 de Alfaro: "... como no sea con asistencia continua no se puede seguir daño sino provecho y utilidad a los indios con el trato, conservación y comunicación de los españoles de todo lo cual carecerán si se prohibe como por la dicha ordenanza, totalmente la dicha entrada y comunicación mediante la cual los dichos indios se vendrán a hacer amigos y familiares..." (411). La justificación no se basaba en la realidad socio-económica en la que se hallaba el indio; por otra parte es evidente también la misma desmoralización de los guaraníes por tener que ir abandonando su antiguo patrón cultural y viéndose con obligaciones de mitazgo y de pueblo que en aquellos tiempos considerábanse dos medios efectivos de la hispanización. El comercio del tipo de rescate aún persistía, pero la libertad del indio en trueques era estrechamente vigilada y hasta obstaculizada por los encomenderos y por el mismo gobierno; Ramírez Velasco coliga con la miseria de los pueblos el trueque con plumas: "...el principal aprovechamiento que los naturales tienen es de plumas martinetes, los cuales se recojen en cierto tiempo del año con muchos trabajos... a trueco de cascabeles, chaquiras y otras cosas de poco valor..." (412), que no alcanzaban el valor del jornal de un día; el indio buscaba sus satisfacciones inmediatas, hecho éste tan frecuente en las crisis que provocan las conquistas; el desahogo emocional seguía, empero, al antiguo patrón cultural: en los mismos pueblos de los encomenderos aún eran frecuentes "borracheras e idolatrías", términos españoles que interpretan el ceremonial y festival guaraní primario. Fueron, por ende, muchos factores los que intervenían en la insuficiencia económica de los primeros pueblos. Hernandarias inició una nueva política respecto a los pueblos indios: estancia, cabildos-comunas y adoctrinamiento cristiano, premisas teóricamente ya contenidas en las cédulas y provisiones. El acuerdo del Cabildo asunceño de 12 de octubre de 1598 establece que "los indios de las encomiendas sean administrados y doctrinados", mediando las resoluciones del Sínodo. La primera ordenanza de Hernandarias prescribía, bajo la pena de pérdida de feudo, que las reducciones se hicieran en lugares aptos, "...de manera que tengan tierras, aguadas, montes y lo demás necesario para su buena conservación..." (413); no traslucía esta orden más que una de las Leyes de Indias, pero considerando los asientos de las chacras españolas y de las estancias siempre crecientes en la provincia, constituía una limitación considerable de las libertades encomenderas en los pueblos. Hernandarias reconoció el rol del vecino-poblero, el que con "bueyes y pertrechos de labranza industria a los indios...", pero en las nuevas reducciones, Caazapá y Yuty por ejemplo, ya eran los curas doctrineros los que desempeñaban la administración. En su carta al rey de 1616 destacó en varios pasajes que había repartido y señalado estancias a los indios para que criaran el ganado (414); mediaba el nuevo interés de ganadería y también una medida práctica para remediar el desorden observado en las estancias españolas; "...he señalado a los naturales que tienen comodidad estancias para que se den y tengan crianzas de ganados con que cesarán los robos que hacían en el de los españoles..." (415). El "táva" de Hernandarias fundaméntase económicamente en: cultivo con arado, cría de animales, herrería y carpintería (416); el ganado se constituyó luego en una verdadera medida de la riqueza del pueblo colonial y el carro de bueyes para el transporte en un índice de la producción comunal del pueblo.
Hernandarias comprendió también que la debida organización de las doctrinas resultaría [en un] coeficiente para convertir los pueblos en un cuerpo más homogéneo, con mayor conciencia del pueblo y de la pertenencia al pueblo; el caso de Caazapá y Yuty y la mediación con los indios por Fr. L. Bolaños le demostró el valor de [las] doctrinas para prevenir alzamientos de los naturales; la iglesia, el curato, la administración y la plaza expresaban la existencia de un pueblo indio. Esta política era importante para crear la unidad de las diferentes comunidades guaraníes integradas en los pueblos; el pueblo de Itá comprendía la comunidad local antigua, comunidades de Acaay, Paraguarí, Quiindyty, estas últimas más relacionadas con los tebicuarenses que con los carios; el pueblo de Yaguarón incluía comunidades de Yvycuí, Mbuyapeí, Yvytyrusú (cordillera amplia de Altos), Tebicuary-mí, y otras (417). Los guaraníes mismos, siendo sus antiguos asientos ya baldíos y estándoles prohibido el libre movimiento fuera de los pueblos asignados, comenzaron a sentir la nueva unidad de "táva", sin que esto significara aún la real criollización del nuevo módulo culturo-social. Las ordenanzas de Alfaro, referentes a los pueblos, fueron casi todas confirmadas por el Real Consejo de Indias y definieron los pueblos en su aspecto socio-político. Alfaro abogaba por el principio de la comuna india exclusiva y del encierro del pueblo indio; la ordenanza 13 prohibió que hubiera en los pueblos indios pobleros, administradores o mayordomos; la ordenanza fue objetada por el R. Consejo, estableciéndose la necesidad de ser nombrado un administrador español por el gobernador en cada pueblo. Las ordenanzas 8 y 9, ambas confirmadas por el Consejo de Indias y sin objeción por el Cabildo asunceño, establecieron los alcaides y regidores indios en los pueblos y su respectiva jurisdicción, considerándose como término el grupo de 80 casas por un alcalde y dos regidores. La institución de estos cargos oficiales para los indios serví de vehículo ejecutivo de la nueva administración y de la justicia. La transición del antiguo régimen social de los indios al nuevo de administración, mediando el régimen comunal, fue más bien el fruto de la presión socio-económica sobre los guaraníes que del verdadero sistema pueblerino implantado. Las ordenanzas 15 y 16 establecieron los límites mínimos del área exclusiva del pueblo para el aprovechamiento de sus tierras, y los que a la vez implicaban la separación de las chacras y estancias de los españoles en el margen de media legua y una legua y media respectivamente, tratándose de los pueblos ya establecidos, y una o dos leguas, tratándose de los recién establecidos. El Cabildo asunceño protestó contra estas limitaciones (418), pues los encomenderos, sintiéndose tan dueños anteriormente de los pueblos, tenían en vecindad directa o ya en el pueblo mismo sus haciendas, declarando su posesión lícita e interpretando el cumplimiento de las mencionadas ordenanzas como el despojo de las haciendas españolas. Las disputas por límites entre los pueblos y los estancieros abundaban en toda la época colonial. El "pueblo-táva" administrado se impuso, convirtiéndose también en el núcleo de los intereses diferentes, del gobernador como autoridad máxima de los pueblos, de los administradores y encomenderos. Los principios del sistema comunal de los pueblos nunca se objetaban; ideológicamente, los españoles negaban a los indios la capacidad necesaria de productividad individual y suficiencia legal y representativa. La disputa entre el marqués de Avilés y el gobernador L. de Ribera en ocasión del intento de la descomunalización de los indios de las intendencias de las misiones ilustra algunos principios; al reprochar Avilés a Ribera su insistencia "... en que se perpetúe la infausta comunidad" (419), Ribera evoca la Cédula Real de 1743 que ordena: "no se haga novedad y que continua el manejo de los bienes de los indios en comunidad por la incapacidad y desidia de ellos...", y luego agrega: "las esperanzas de los indios son muy limitadas, no conocen el interés, el orgullo ni la ambición, y por consiguiente sus costumbres son más inocentes que complicadas" (420); el mismo gobernador inició el proceso de la "desmitación" del indio por la necesidad de la peonada india sumisa y dirigida dentro del marco comunal. Desde su integración en la vida colonial, los guaraníes por su status socio-racial mismo quedaban siempre un elemento pasivo en todo lo que significara necesidad u oportunidad para la eficiencia socio-económica individual; la frecuencia de licencias y conchabos de todo orden circunstanció algunos atisbos individualistas, pero no se concretaron como fenómeno social. La descomunalización intensa en los pueblos guaraníes inicióse con los decretos jubilatorios de Carlos A. López en 1843, hasta que con el decreto de 1848 quedó definitivamente suprimida la institución del "táva" comunal, adquiriendo el guaraní el status de "natural nacional" (421).

b) Tierras, bienes comunales y potencialidad económica de los pueblos.

Como principio básico valía una legua y media como área exclusiva del pueblo guaraní, incluyéndose las tierras para la labranza. En el siglo XVIII eran frecuentes los pleitos con los vecinos estancieros por el deslinde de tierras; el pueblo de Yaguarón pidió la medición ya en el año 1711, y el gobernador Robles ordenó el amojonamiento, práctica seguida luego en otros pueblos (422). Las disputas por los linderos eran más frecuentes en la segunda mitad del siglo XVIII ya que la invasión de los pobladores criollos, arrendatarios y clandestinos, alcanzó mayores proporciones; los pleitos tenían su fundamento por cuanto fue la tierra de agro del pueblo la que limitaba con estancias de los vecinos, un problema que, como hemos observado, ya contemplaban las ordenanzas de Hernandarias y Alfaro (423). Fuera de estos límites, los pueblos poseían frecuentemente las tierras apreciables, destinadas en gran parte a las estancias, siendo como era el ganado el mayor bien comunal; al respecto tenemos datos revelados por los inventarios de los bienes de los pueblos, periódicamente elevados por los comisionados del gobernador y coincidiendo por lo general con el cambio de los corregidores guaraníes o los administradores españoles. El pueblo de Caazapá poseía las tierras más extensas; sus linderos, según el inventario de 1764, se describen entre R. Tebicuary, Yvytyrusú, cabezadas del R. Capiibari y R. Piraporarí, lo que indica que una parte correspondía a los yerbales (424), aprovechados en la economía propia del pueblo. El padrón de 1793 asignaba al mismo pueblo 30 leguas de terreno en línea este-oeste y 46 ½ leguas en norte-sur (424a). Las tierras de Yuty se extendían hasta Sta. Rosa y S. Ignacio, abarcando el R. Ñacunday; al respecto conviene tener presente que el asiento antiguo de este pueblo hallábase en donde las tierras de S. Cosme, y su desplazamiento hacia el R. Tebicuary arriba fue posterior. En contraste, el pueblo de Atyrá poseía pocas tierras, debiendo considerarse su mudanza en ocasión de las invasiones mbayáes; apenas poseía de 2 a 3 leguas en los alrededores; sus límites corrían desde la cordillera de Pirayú, arroyos Piribebuy, Atyrá hasta Tobatí; con frecuencia este pueblo evocaba la falta de tierras para estancias y, por ende, la pobreza de ganado, más aún en vista de que este pueblo solía integrar muchos indios refugiados a título de connaturalizados pueblerinos; disponía de una sola estancia en el paraje de Tapequesá (425). La asignación de tierras a los pueblos guaraníes del Norte, luego de los desplazamientos por incursiones mbayáes y payaguáes, ofrecía algunas dificultades; el primer emplazamiento de Atyrá en 1674 en los campos de Yaguí junto al arroyo Tambaí fue contradicho por los vecinos estancieros que consideraban la extensión de las tierras del pueblo en su perjuicio (426). Altos tenía dos estancias, en Yaguapirá y Catiguá; en Itá sólo se registró la estancia en el paraje de Añangatí con un área de 3 ½ leguas; para Yaguarón se citaron en la época de Robles las estancias en Ybiambucú, Ñuatí, Apuay, y según el inventario de 1764, en Pirayubí, Ybiambucú y Tobatirí, cada una con tierra de cerca de 3 leguas. El gobernador Cota definió los linderos del nuevo pueblo de Itapé: 5 leguas al norte y sur hasta Ibúy Mitaí, y 3 leguas al este hasta el Monte Grande; estas tierras pertenecían según el documento, "a los dichos indios privilegiadamente como a reducidos voluntariamente a Nra. Santa Fé y que en virtud de Cédulas reales tienen la escogencia de tierras a su voluntad y conveniencias..." (427); estos linderos fueron excesivos para tan sólo 2 grupos monteses de 213 almas en total que se redujeron en 1682, pero se los consideraba dentro de la posibilidad de que se redujeran otros monteses guaraníes de los alrededores. Los nuevos pueblos tarumáes del Norte y Belén estaban en pleitos continuos por sus linderos con los vecinos y arrendatarios, disputando sus tierras también los curuguateños y los pobladores de Quaretí por la proximidad de los yerbales. Los arrendatarios afirmaban hasta que el pueblo de San Joaquím "... es intruso en aquel lugar como que lo poblaron clandestinamente más de 1000 indios de Misiones del pueblo de Nra. Sra. de Fée transmigrados en diferentes ocasiones..." (428); asimismo se consideraba el pueblo de S. Estanislao como "un pueblo clandestino"; estos alegatos de los arrendatarios en su favor se deben al hecho de que los dos pueblos fueron fundados por los jesuitas en 1746 y 1749 respectivamente, sirviéndose éstos de un núcleo de guaraníes misioneros como base pobladora de los pueblos. Al pueblo de S. Joaquím se disputaba el derecho de poseer tierras en la otra banda de la Serranía y de Monte Grande (429); el pueblo de S. Estanislao tenía discusiones con los arrendatarios; aunque sus linderos fueron amojonados por orden del gobernador Melo, los pobladores de Quarepoti disputaban la parcela vecina de Aguapey (430). El pueblo de Belén contaba con muchos indios tapés traídos por los jesuitas; disponía de tierras de 1 ½ legua en contorno y hacia el Este 3 leguas; siempre se lo consideraba uno de los pueblos más pobres y más dependiente de los conchabos en los yerbales y en las chacras de los criollos vecinos (431). El pueblo de los chavaraná-arawak de San Juan Nepomuceno se asentó en las tierras pertenecientes al pueblo de Caazapá.
La entrada de los criollos en los pueblos indios continuaba en contra de las ordenanzas y provisiones, pero en el siglo XVII aún se trataba de simple permanencia, no justificada generalmente, por razones de trueque; en el siglo XVIII ya aparecieron los pobladores criollos clandestinos y arrendatarios en las tierras de los indios. En el expediente levantado contra la administración de Caazapá y Yuty en 1704 hay censura de las licencias que se daban a los vecinos villariqueños para ocupar tierras de los indios y poblarlas; se realizó la revisión en Caazapá, Yuty e Itapé, dando el comisionado del gobernador la orden de desalojo y el bando de "...que ninguna persona de cualquier calidad y condición que sea sean osados a perturbar ni inquietarlos en ella con introducción de poblaciones de chacras ni estancias en su contorno, en ellas ni en parte de ellas..." (432); el desalojo fue categórico en Itapé, con justificación de ser inconveniente la presencia de criollos "... vecinos tan inmediatos, y ser indios... gentío miserable e incapaz...". El despoblamiento de algunos valles constantemente hostigados por los ataques chaqueños y además el siempre más creciente número de colonos criollos pobres inducían a estos a ocupar o arrendar las tierras buenas de los pueblos. En los tiempos de Antequera había en las tierras de Atyrá algunos pobladores pobres, más bien clandestinos, los hombres sirviendo en los yerbales y quedando las familias a cargo de la chacra (433). Los informes de los bienes comunales mencionan que la administración recibió en 1764 en concepto de arriendo 8 arrobas de tabaco (434), siendo la costumbre el pago de los arriendos en especie de tabaco, a veces la única fuente para repartirlo entre los indios del pueblo. El informe del curato de Atyrá de 1793 caracteriza a las familias arrendatarias como pobres, incapaces de cumplir hasta con el deber al curato (435); el curato de los pueblos indios se encargaba también de los pobladores criollos bajo el concepto de "la feligresia externa". En 1793, el pueblo de Atyrá tenía oficialmente 20 arrendatarios (436), lo que no incluía a los pobladores clandestinos y temporarios, estos últimos también frecuentes por la particularidad de "agrícolas nómadas" de aquellos tiempos. Los pueblos Ypané, Guarambaré e Itá contaban con arrendatarios criollos ya desde el año 1737 (437); Yaguaron percibía bajo el mismo concepto 90 arrobas de tabaco en 1764. Los curuguateños arrendaban las tierras del pueblo de S. Estanislao y S. Joaquím; entre los pobladores más solventes se menciona un arrendatario con 68 caballos, 95 cabezas de ganado corralero y 116 ovejas (438). Los pueblos Caazapá, Itapé y Yuty también abundaban en arriendos, siendo los pobladores criollos y mestizos (439); estos pueblos hasta contrataban a criollos, pardos e indios tapés para su servicio en los yerbales. Esta penetración criolla en las tierras de los pueblos guaraníes alcanzaba proporciones considerables hacia 1790; los padrones parroquiales indican para el mencionado año el siguiente cuadro: Ypané con 253 parroquianos indios y 20 criollos o españoles; Atyrá con 972 indios y 595 criollos; Yuty con 674 indios y 355 parroquianos criollos (440). Las consecuencias fueron lamentables para los indios; la carta del protector de los naturales, P. Achard, en 1781 al gobernador revela para el pueblo de Itá y otros la desmoralización de los indios y la merma de la capacidad económica de los pueblos (441); el protector pidió por esta razón el desalojo de los pobladores y su colonización en zonas de Remolino, costas del R. Paraguay, Tebicuary, Ñeembucú, Piray y Jejuí. La ley de una legua y media de contorno ya no era válida; los pueblos se llenaron de gente criolla; en las estancias, el ganado del pueblo guaraní se mezclaba con el de los arrendatarios, faltando a los mismos pueblos la tierra de modo que "... no hay engorde de animales, no hay multiplico, ni aumento, todo se va acabando y consumiendo..."; la impotencia económica del pueblo por falta de ganado circunstanciaba la dispersión de los indios en busca de conchabos; "... los Españoles se van conglovando de generación en generación en las tierras de los indios, y sus descendientes van ocupando más lugar y lugares en perjuicio de los indios...". Más preocupación aún causaba al protector de los naturales la desintegración del régimen comunal que los indios manifestaban por el contacto cotidiano con los pobladores criollos; se quejaba de la insubordinación de los indios a los doctrineros y administradores, "... de suerte que estos ya no pueden gobernar bien sus pueblos y comunidades... porque todos y cada uno a cual más a cual menos tienen sus amparadores ocultos en su mismo territorio". Los indios hacíanse "trajinantes y andantes todas las familias", no cumpliendo con el trabajo comunal, abandonando el trabajo en sus labranzas y tampoco asistiendo a las doctrinas; rondaban por los ranchos de los pobladores criollos, viendo en el pequeño y ocasional conchabo una "ganancia". El robo de los bienes comunales practicaban indios y criollos; los vicios de borrachera eran propios de ambos. Los pobladores, criollos, mestizos y mulatos libres se introducían paulatinamente ya en los mismos pueblos guaraníes o se asentaban por largo tiempo en ellos; en el capítulo 3 de la Circular a los pueblos, el gobernador L. de Ribera dice: "No permitirán (administradores de los pueblos) que los pobladores se introduzcan en las tierras de indios ni que vengan a los pueblos a causarles extorsiones, haciendo pague cada uno puntualmente lo que corresponde por las tierras arrendadas..." (442); la circular se refiere a la costumbre de eludir el pago estipulado de arrendamiento y considerar las tierras de los pueblos guaraníes coloniales como "tierras libres" o "tierras baldías". Por otra parte también acrecentó el pequeño comercio y trueque de los pobladores criollos en los pueblos indios con frecuentes extorsiones a los indios, pues estos, faltos de todo concepto de valores reales y del comercio por ser siempre dependientes de los almacenes de la comunidad con bienes solamente necesarios o traídos por el administrador como único "tendero" del pueblo, resultaban ineptos para el nuevo módulo que surgió a consecuencia de la penetración criolla en los pueblos; esto no obstante, la descomunalización de los indios guaraníes comenzaba a gestarse. La definitiva descomunalización de las tierras de los pueblos obedecía al decreto de 1848: el guaraní recibió, teóricamente por lo menos, un lote de tierra de 2 X 2 X 6 cuerdas, calculándose el valor de una cuerda en 72,16 metros, más algunas vacas lecheras, bueyes y caballos (443).
Como base para estudiar la potencialidad económica de los pueblos guaraníes coloniales servirán los inventarios de los bienes, especialmente el inventario de 1764, realizado por el comisionado Sgto. Mayor M. J. López a requerimiento del gobernador Martínez Fontes (444). Los inventarios indican generalmente las fluctuaciones y las crisis periódicas por las cuales pasaban los pueblos, debido a varias causas: hostigaciones de los chaqueños, administraciones malas e interesadas, preferencias por la producción unilateral, sacas de indios de los pueblos, falta de la participación individual y responsable de los indios, epidemias y plagas que arruinaban cosechas. La existencia de ganado siempre se consideraba como una garantía de la solvencia económica de los pueblos; según Aguirre, la existencia total del ganado en los pueblos en el año 1790 ascendería a 199.500 cabezas, con la repartición siguiente: Caazapá con 60.000 cabezas, Yaguarón 30.000, Itapé 25.000, Atyrá 17.000, Yuty 18.000, S. Joaquím 16.000, Altos 13.000, Guarambaré 11.000, Ypané 3.000 y Tobatí con sólo 2.000 cabezas (445). En 1764, Yaguarón tenía 10.000 reses, 599 bueyes, 577 caballos y 872 yeguas, pero en el año 1711 solamente 1.464 cabezas de ganado vacuno, cifra debida a la merma por mala administración de la anterior existencia de 5.649 cabezas; en el mismo año, el pueblo de Yaguaron presentó al gobernador la queja sobre "la suma pobreza en que se hallan y agravios que padecieron en su propio pueblo ellos y sus familias..." (446); la falta de ganado significaba no tan solamente una menor repartición semanal de carne sino también la falta del valor adquisitivo para el vestuario, yerba, tabaco, escaseando a veces la misma alimentación diaria por lo limitado de la producción. El gobernador Robles acuso al corregidor guaraní y al cabildo de negligencia administrativa; la contestación de los indios refleja la realidad: ellos no tenían la participación directa en la administración de los bienes y menos aún tratándose del manejo comercial que representaba como bien económico el ganado; "...que no corre por mano de ellos la administración de los dichos efectos que produce el trabajo de dichos indios e indias y sus ocupaciones en dichas faenas de carretas, beneficio de garabata, guembé e hilanzas de algodón y otras manufacturas que se han hecho por razón de bienes de comunidad... cuanto el gasto del ganado vacuno no le han tenido sin intervención y liberamiento de sus curas quienes han corrido siempre en despachar las cédulas y vales de las cantidades que se han sacado de las dichas estancias..." (447). El corregidor Cherazí-caé fue destituido o sea, le retiraron su vara; si legalmente el corregidor guaraní compartía la responsabilidad con el administrador, la práctica comprobaba lo contrario; el cabildo era puramente representativo. Los indios recurrían también al robo de ganado en necesidades; los pleitos judiciales demuestran condenas a 50 azotes en rollo para los ladrones indios de ganado como en el caso de los guaraníes de Tobatí y Altos, acusados del robo por las estancias de la cordillera arriba.
El pueblo de Atyrá presenta las mismas fluctuaciones; en 1764 contaba con 6.600 cabezas de ganado vacuno, 242 bueyes y 298 caballos; pero en el año 1738, el año crítico para el pueblo, solamente contaba con 848 cabezas de ganado, de las cuales existían sólo 78 cuando se realizó el inventario, pretextando de gastarse el ganado en sustento, gastos y faenas del pueblo (448). Los pueblos de Guarambaré e Ypané siempre figuraban entre los más pobres por el número de ganado y por la falta de tierras para estancias, en contraste con Caazapá que en 1764 contaba con 76.000 cabezas de ganado; la proporción respectiva en el pueblo de Altos dependía en gran parte de los administradores, pues allá las estancias fueron aprovechadas por la gobernación.
El aprovechamiento directo del ganado por parte de los indios era limitado; la distribución de carne más usual, siempre que hubiera ganado suficiente, era: los jueves y sábados, la repartición de carne para todos los indios y sus familias; los lunes, la repartición de carne a las mujeres cuando tomaban el trabajo de hilanza; había raciones ocasionales para artesanos que trabajaban para el pueblo, y para viejos, enfermos y huérfanos; las raciones en las estancias se repartían por medio de capataces (449). Muchas reses se gastaban en ocasión de las fiestas del pueblo y visitas de los gobernadores, por ejemplo en Itá en 1764 cerca de 2.829 reses. Se consumían reses para manutención de los peones en construcción de iglesias, viviendas para el pueblo y ocupados en el trajín del pueblo. Las reses se gastaban también en pago de salarios, así a los mayordomos criollos de las estancias, de Catinguá de Altos por ejemplo, a los peones yerbateros, a los peones muleros, criollos por flete en beneficios, a los pintores mulatos empleados en obra de iglesias, a los encomenderos a título de indemnización por los mitayos retenidos por las necesidades del pueblo, etc. Las reses también servían de medio de trueque por tabaco, por adquisición de cañaverales, de telas y otros artículos. Algunas reses se entregaban a título de "premios y suplementos" a indios capataces de estancias y a los indios concejales, por necesidad o a pedido, de donde [se surgió] el interés del indio en formar parte del Cabildo. Las reses constituían también donativos en pro de la ayuda a las reducciones nuevamente formadas; para la reducción de los abipones contribuyeron Itá y Yaguarón, para Belén de los mbayáes varios pueblos, para San Juan de Neponuceno de los chavaraná el pueblo de Caazapá (450). En tales condiciones no era extraño que muchos pueblos, entre ellos hasta el potente Yuty, tenían que recurrir periódicamente a la compra de ganado (451). Los pueblos que sufrían periódicos robos de ganado por los chaqueños, siempre eran míseros, siendo en tal caso el aprovechamiento de los yerbales su único y básico bien de valor. Se prestaba bastante atención a la existencia de bueyes para el trajín de carretas; los indios siempre fueron buenos boyeros. Todos los indios eran buenos jinetes y el trabajo de vaqueros les agradaba, aunque en menor escala que a los chaqueños aculturados; esto no obstante, el caballo para uso individual del indio fue prohibido a fin de evitar sus fugas de los pueblos. El ganado era esencialmente propiedad comunal; no consta en los documentos si las reses que se daban a vaqueros y concejales indios a título de premios, deben considerarse como una verdadera propiedad del indio o una simple posesión limitada a una vida; el hecho de que los mestizos declarados libres y también los "indios libres" buscaban un lote fuera del pueblo, con vaca y buey, hace suponer que muchos indios pueblerinos también buscaban este módulo de vida más independiente.
Cada pueblo tenia varias chacras; mandioca, maní, porotos y maíz se cultivaban para el consumo del pueblo; en algunas ocasiones, el maíz servía también de trueque por sal, tabaco, lana de segunda calidad, y de pago para algunos pequeños trabajos, no teniendo el maíz nunca gran valor adquisitivo. La capacidad del cultivo dependía por ende de la densidad de la población; en los pueblos con 600 almas por ejemplo, plantábase generalmente unos 500 liños de mandioca, pero en Atyrá, donde la concentración de indios fue mayor en el siglo XVIII, el cultivo de mandioca alcanzaba 2388 liños (452). El cultivo del maíz era más fluctuante, de 50 a 200 fanegas, siendo muy circunstancial una producción de 500 fanegas. Al trigo y a la caña de azúcar se prestaba limitada atención; ni trigo ni azúcar se incluían en la alimentación diaria de los indios. Los pueblos norteños sufrían en el siglo XVII la falta de sementeras por causa de las invasiones de los mbayáes, los que "... corrían todas las tierras donde podían tener labranzas molestándoles..." (453), según se quejaban los arecayenses. El algodón se cultivaba con cierta intensidad en todos los pueblos, siempre que hubiera brazos suficientes para el trabajo comunal; los guaraníes tenían que cumplir con sus múltiples obligaciones: de mitayos, de peones por mandamientos del gobierno, y de simples comunes en el pueblo; las constantes fugas de los indios perjudicaban la capacidad productiva del mismo pueblo. La producción de algodón muestra así promedios muy fluctuantes por años y por circunstancias específicas de cada pueblo, dependiendo algunos para el total de su vestuario de la adquisición de lienzo por medio de trueque. En el año 1764, la producción de algodón fue pobrísima en la mayoría de los pueblos; en 1790, Atyrá produjo 383 arrobas y Altos 225 arrobas de algodón; Caazapa y Yuty siempre fueron insolventes en cuanto a los algodonales se refiere. El beneficio de tabaco no fue de gran consideración hasta fines del siglo XVIII; una cosecha de 100 a 150 arrobas de tabaco, más bien colorado que negro, ya se apreciaba como grande; en 1780, los pueblos fueron obligados a cultivar el tabaco negro torcido por intereses de la Real Hacienda de tabaco (454). En gran parte, el tabaco provenía de los pagos de arriendos de tierras o se adquiría por trueques, no precisamente por las necesidades del pueblo indio, sino para disponer de la principal "moneda" para la adquisición de caballos de Corrientes.
En realidad, la agricultura comunal bajó en su rendimiento desde los comienzos del siglo XVIII, la ausencia de hombres de los pueblos por causas ya indicadas creaba el problema de la escasez de brazos; la saca de los adolescentes del pueblo tampoco favorecía el trabajo comunal; en los pueblos quedaban muchas mujeres abandonadas por hombres, viudas con hijos, cuya alimentación corría a cargo de la comunidad. La Real Cédula de 1740 deja constancia de la influencia que la saca de indios tuvo sobre la agricultura: «..como se vió en este tiempo el pueblo de Caazapá que por faltar indios que cultivasen sus tierras lo hacían las mujeres y como la debilidad de estas no fuese suficiente a suplir el trabajo de los varones... a tal extremo la falta y la carestía de los alimentos que solo con naranjas agrias de los montes y una corta ración de leche y carne que el Religioso Doctrinero les administraba, se mantenían aunque tan flacos y macilentos que daban compasión ver multitud de criaturas y indias ancianas y otras preñadas todas como esqueletos atropellándose por alcanzar aquella escasa vianda..." (455); es indudable cierta orientación a base de los informes de los jesuitas en dicha cédula, pero los documentos de otros pueblos coloniales, especialmente de Guarambaré, Belén, Ypané, S. Estanislao, están también llenos de noticias del ocaso de los pueblos por falta del cultivo y de indios. La preferencia que se daba a los conchabos y el consiguiente abandono de la agricultura causó verdadera alarma durante los gobiernos de Melo, Alós y Ribera, aunque ellos mismos por otra parte exigían constantemente la contribución de la peonada india para tabacales y otras obras. El gobernador Alós prohibió la ausencia de los indios, incluyendo a los artesanos conchabados por el mismo pueblo, en la época de la cosecha de frutos, cuando el pueblo necesitaba brazos comunales (456). El reglamento de Ribera sobre la administración de los pueblos contempla el fomento agrícola, imponiendo plantaciones de caña, tabaco y algodón (457). También en su circular de 1804, aunque básicamente dirigida a los pueblos de las Misiones, el gobernador Ribera llama la atención sobre el ocaso de la agricultura, exigiendo de los administradores un control más riguroso de las plantaciones de la comunidad (458). Más decadente fue aún el cultivo de los lotes particulares que los indios por derecho tenían en sus pueblos; según el sistema comunal del pueblo, el indio pudo cultivar su lote en los días libres, los viernes y sábados, incluyendo su mujer e hijos también libres estos días; no tenemos datos sobre la dimensión de estos lotes particulares; de estos lotes particulares; no faltaba tierra, pero sí el tiempo y el interés por causa del insignificante provecho que retribuía. Ya desde los primeros tiempos del "táva" social, ciertos grupos guaraníes defendían las labranzas, mientras otros preferían buscar ventajas en rescates en mitazgo o en conchabos, la protesta contra "obras públicas" y la defensa del indio cultivador motivaron la revuelta guarambarense de Arecayá bajo el mismo corregidor Yaguariguay. El trabajo en las chacras siempre dominaba como un verdadero patrón de intereses estables de los indios pueblerinos; esto no obstante, los cultivos individuales de los indios abandonábanse por la excesiva ausencia de los hombres del pueblo, pues cuando regresaban de los conchabos obligatorios, "... los que tenían sus sembrados en particular los encontraban talados y enteramente agotados sin otro recurso que la liberalidad del pueblo..." (459). Los indios de la categoría de "necesarios al pueblo tenían, a base de premios ocasionales, mejores oportunidades; las jubilaciones permanentes o temporales que implicaban la exención de las faenas de la comunidad del mitazgo, constituían tales premios; el corregidor Simón Yanguiriyú por ejemplo, fue por "méritos" jubilado por dos años para que dedicara dicho tiempo a "labranza e hilanza" (460), es decir, a su propia economía familiar. La integración de los "indios libres" en los pueblos algo contribuía a la individualización agrícola, pues los hijos nacidos de las uniones de los indios libres e indias del pueblo seguían el status del padre, con implícito derecho a la libertad de su economía familiar. Los administradores se manifestaban reacios a la nueva tendencia de los indios "premiados" libres y declarados como tales, de tener sus lotes fuera de la estrecha comunidad del pueblo; consideraban que tales ranchos individuales servían de "...asilo de los indios vagabundos que llegan a título de peones que como no pueden ser celados y estan en su libertad carnean reses ajenas y (hacen) mucho daño al vecindario y al común del pueblo..." (461). Estos medios fueron los únicos que implicaban cierto asomo de la individualización del común del pueblo, aunque esta como principio nunca se reconocía durante la época colonial. De esta manera, hacia fines del siglo XVIII, comenzó a formarse la capa "del chacarero guaraní" en contraste con el peón guaraní, vago con frecuencia e inestable.
La queja sobre la falta de vestuario era la más frecuente; los pueblos económicamente pobres apelaban a las licencias para el beneficio de yerba a título de proveerse de lienzo necesario para los indios. Los pueblos decadentes, como S. Estanislao y S. Joaquím en 1778, se endeudaban a los españoles y criollos por la necesidad de vestuario, excusando la deuda por epidemias, secas, heladas, falta de ganado, etc.; tales deudas deben interpretarse en el siguiente sentido: el administrador del pueblo, con consentimiento de la comuna india y la licencia del gobernador, empeñaba los brazos indios para el trabajo en yerbales u otros conchabos. Se quejaban de la falta de vestuario también los pueblos guaraníes solventes como Itá, Yaguarón, Caazapá, pero en este caso mediaban los intereses de los mismos administradores ya que las hilanzas indicaban un alto porcentaje de productividad. La hilanza constituía la principal obligación comunal de la mujer guaraní, valiendo la regla de una onza de hilanza por día. Predominaba la hilanza de algodón por el valor adquisitivo del lienzo y el uso del mismo para el vestuario de indios y de los pobres criollos en general; la hilanza de lana fue menos frecuente; el ganado lanar nunca representaba una existencia suficiente en los pueblos, debiendo adquirirse por trueque hasta la lana de "ovechara", de segunda calidad, destinada para el vestuario de los indios también. Los abusos de los encomenderos en extracciones de las indias de los pueblos se debían en gran parte al interés por la mano de hilanza; las mismas mujeres yanacona trataban de hilar en su tiempo libre y tener oportunidad de pequeños rescates. En los pueblos continuaba el aprovechamiento riguroso de la hilandera, citándose entre los casos de "maltrato de indios" (462) el hecho de repartir algodón para hilanza a las indias para fines utilitarios de los mismos administradores; con frecuencia hasta las indias viejas estaban obligadas a dedicarse a la hilanza. Las malas cosechas de algodón indudablemente obligaban a los pueblos a adquirir el algodón de los españoles, pero en este caso el aprovechamiento de hilanza para el vestuario iba en perjuicio de los indios; aunque las cosechas fueran buenas, las hilanzas no se destinaban solamente para el vestuario de los indios, sino que constituían también un medio de trueque. Con el lienzo se pagaban los peones criollos y negros que con tanta frecuencia trabajaban en las estancias de los pueblos, generalmente en calidad de troperos en el arreo del ganado, los peones y capataces en los yerbales ya indios o criollos, salarios a los indios libres misioneros; con lienzo también se indemnizaba a los encomenderos por la retención de los mitayos, y se cubrían gastos que ocasionaban los festejos patronales y doctrinantes especiales en ocasión de la Semana Santa. Como cuadro ilustrativo general de la producción del lienzo en los pueblos pueden servir los siguientes datos: en 1790, Atyrá produjo 2.252 varas de lienzo grueso y 1.548 varas de lienzo delgado; en 1764, Altos produjo 3.212 varas, Guarambaré 1.500 y Yaguarón 5.183 varas. La necesidad del lienzo y el lienzo como "moneda" inducían a los administradores a exigir hilanzas aún bajo el castigo de azotes; en este sentido fueron acusados en 1704 los doctrineros de Caazapá y Yuty, pero ellos rechazaron la acusación, justificándose con que aplicaban tal pena solamente en el caso de no asistir los indios a la doctrina (463). El vestuario de los indios se dividía en diario y dominguero o festivo, éste generalmente cuidado en los mismos almacenes del pueblo; el vestuario diario del indio reducíase con frecuencia al simple chiripá para hombres y al tipoy para mujeres; su aspecto mísero en este sentido debe juzgarse en vista de la misma pobreza en que se hallaban muchos criollos del campo. Hay que agregar también la vestimenta destinada a los concejales para ocasiones festivas y renovaciones de los cabildos, mencionando los inventarios muchas veces tales "vestidos ricos de paño"; las fiestas patronales, de Corpus y de Semana Santa eran oportunidades para la distinción por status que los indios tenían en sus pueblos; constituía esta distinción casi el único medio de individualización social del indio y determinaba en gran parte su patrón de intereses y de valoración social (464). El pueblo de San Estanislao siempre era pobre e insolvente; dice Azara: "La pobreza, miseria y desnudez excede en este pueblo a lo que puedo decir: aún las hojas de Eva faltan a casi todas las mujeres; por cuyo motivo no pueden concurrir a la iglesia y son infieles como suena" (465). Peor era la situación en el pueblo de Belén, donde en tiempo de Azara y antes no se pudo realizar el padrón de los indios del pueblo "... en atención a que la desnudez no permitió que se presentasen principalmente las mujeres" (466).
Eran las licencias para el beneficio de yerba una poderosa causa de la extracción de indios de los pueblos, pero los pueblos mismos tenían grandes limitaciones para la explotación propia de los yerbales, exceptuando los pueblos que en sus propias tierras disponían de los yerbales, Caazapá, Yuty, S. Joaquím, S. Estanislao. La yerba como "moneda" valía también en la economía de los pueblos guaraníes, especialmente tratándose de trueques en Sta. Fé y Corrientes; para el propio consumo en los pueblos, la yerba tenía que ser generalmente adquirida. Las licencias que se otorgaban a los pueblos para la explotación de yerba tenían casi siempre por fin resolver las deudas de la comunidad, contraídas en los años de insolvencia económica, u obtener medios para construcción o reparación de las iglesias o viviendas. Como ejemplo podemos mencionar la lucha del pueblo Guarambaré por su sobrevivencia en los años críticos de su nuevo emplazamiento local; en la carta del cura-administrador al gobernador se justifica el derecho que un pueblo tiene sobre los beneficios de yerba, considerándose los yerbales por "bienes comunes y está prevenido por Leyes Reales a que éstos los pueden desgastar los naturales así en leña como pastos y aguas..." (467). La explotación de los yerbales se consideraba un derecho casi exclusivo de los españoles y criollos, teniendo los indios la función de simples braceros; pero la "yerba-moneda" obligaba a las comunas indias apelar al mismo derecho para cumplir con las obligaciones económicas de la comunidad, especialmente cuando "... el pueblo (es) tan pobre y sus naturales tan desválidos". Guarambaré obtuvo la licencia del gobernador Mendiola en 1694, pero el pueblo pidió otros dos derechos implícitos: la exención del diezmo que pesaba sobre el beneficio de yerba y la facultad de "... fabricar un barquillo hasta en cantidad de buque de dichas 4.000 arrobas", pues un trueque directo de "yerba-lienzo" en Sta. Fé favoreciera al pueblo por los precios más convenientes. Estas posibilidades de aprovechamiento de los yerbales se vieron siempre obstaculizadas por la falta de indios, exigidos desmesuradamente por mitazgo y mandamientos gubernamentales, debiendo los pueblos con frecuencia emplear los braceros criollos y pardos o mulatos libres. Otro ejemplo ilustrativo nos ofrece el pueblo de S. Joaquím en el año 1740; en este caso se trataba de una transacción comercial del pueblo con un mercader viajante; el pueblo tenía sus algodonales arruinados por una plaga de gusanos; el administrador y la comuna india recurrieron a la oportunidad de comerciar yerba por lienzos y machetes (468); se endeudaron por anticipado en total 3.621 arrobas de yerba; el documento indica que la deuda fue parcializada individualmente de 40 a 90 arrobas, lo que quiere decir que el empeño de los brazos para el comprometido beneficio de yerba no fue igual para todos los comunes; este caso provocó la reprimenda de parte del gobernador; el trato directo de los pueblos con los mercaderes de paso era siempre celosamente impedido por los gobernadores; el corregidor y el cabildo guaraní de S. Joaquím se justificaban en cartas escritas en la lengua guaraní. También el pueblo de S. Estanislao aprovechaba sus yerbales que tenía a las orillas del R. Capiybára; Azara dice que este pueblo pudo aprovechar alrededor de 6.000 arrobas de yerba anualmente, pero hay que contemplar al respecto los intereses de los curuguateños y las frecuentes crisis económicas del mismo pueblo. Los caazapeños y yuteños explotaban sus yerbales muchas veces a título de falta de algodonales, pero ambos pueblos contrataban en el siglo XVIII con abundancia a peones criollos y mulatos. Los pueblos de la estrecha comarca asunceña ocasionalmente también recurrían al beneficio de yerba; los inventarios dejan constancia de los gastos invertidos en la búsqueda de yerbales, como por ejemplo por Yaguarón en 1764 en Aguaray; los yerbateros generalmente no eran indios sino criollos; la preferencia por la peonada criolla por los mismos pueblos guaraníes coloniales obedecía a dos razones principalmente: la ocupación de indios por servicios obligatorios y en conchabos favorecidos por el mismo pueblo, y mayor eficiencia de los yerbateros criollos, siendo el indio siempre reacio a los trabajos de este carácter; el hombre de a caballo y el yerbatero se conjugaban como patrón mental de la clase de criollos pobres. El consumo de yerba era general, figurando también en las cuentas de manutención de indios en ocasión de obras públicas, práctica ésta conocida ya de los tiempos de Irala. (470)
La carpintería y la herrería garantizaban desde los comienzos de los pueblos cierta autosuficiencia en cuanto a las obras del pueblo se refería. Las obras de herrería cubrían estrictamente las necesidades del pueblo, y el mismo oficio de los herreros guaraníes era limitadísimo; bien distinto era el problema de la carpintería y de los carpinteros guaraníes; además, en las obras de carpintería los mismos administradores tenían derecho del 10 % de utilidades, aumentando así el interés productivo. El gobernador Robles reprochaba las arbitrariedades de los pueblos en cuanto la falta de Libros con anotaciones sobre el producto de los trabajos comunales, figurando en primer lugar la cuestión de la fabricación de carretas (471); el absolutismo de los gobernadores en cuanto este control se mantuvo durante todo el período colonial. Se destacaban por obras de carpintería los pueblos Itá, Yaguarón y Atyrá por disponer de bosques muy aprovechables en sus tierras, y Caazapá y Yuty, aunque menos por causa de su diferente orientación económica. Los pueblos indios aprovechaban poco sus bosques y madera; como en el caso de los yerbales, también respecto a la madera prevalecía el criterio de que su aprovechamiento básicamente correspondía a los españoles y criollos; éstos, por ejemplo, explotaban la madera ampliamente en los bosques de Yuty y, faltándoles con frecuencia la mano de obra, extraían clandestinamente a los indios de los pueblos vecinos; el indio hachero trabajaba en estos casos a la par con el hachero criollo o mestizo. Algunas de las condiciones nos ilustra el caso del aprovechamiento de los bosques pertenecientes al pueblo de Itapé; el protector de los naturales impuso las siguientes condiciones: los bosques a explotarse tienen que estar alejados del pueblo, una reafirmación de la exclusividad de los comunes guaraníes en los pueblos; se prohibe la comunicación directa de los hacheros criollos con los guaraníes del pueblo a fin de evitar abusos y arbitrariedades de ambas partes; se prohibe la prestación de las herramienta y otros útiles de propiedad del pueblo; el término de la explotación de madera debe ser limitado, y el pueblo tiene que recibir por vía de contratación su beneficio (472). Tales reglas generalmente no se observaban, de donde la protesta del protector de los naturales. Un mayor control de los obrajes efectuábase durante los gobiernos de Melo y Ribera. Entre las obras de carpintería que se mencionan en los inventarios y contratos figuran: carretas, canoas, puertas, ventanas, mesas, taburetes y baúles; por lo general, el trueque era por yerba-moneda con interés de disponer del valor adquisitivo para las contrataciones que se realizaban con los mercaderes o en Corrientes. Una guaranduma hecha en Itá en 1772, de 22 varas de largo, se cambió por 1.100 pesos en yerba (473); no hay datos sobre una definida escala de valoración de estas obras, estando siempre dependientes de los intereses y circunstancias inmediatas o apremiantes. El gobernador Alós fomentó el artesanato como medio productivo de los pueblos; de su reglamentación se desprende que el guaraní carpintero que trabajaba en las obras del pueblo para fines de venta o de trueque, tenía derecho a la mitad del salario normal, es decir, igual que si estuviera conchabado por la misma razón; trabajaba sin salario, empero, si las mismas obras eran en provecho utilitario directo del pueblo, considerándose su trabajo como una simple obligación comunal (474). Si por otra parte consideramos la existencia de carretas en pueblos, los inventarios indican su pobreza para el uso propio. Al comenzar el proceso de la desmitación de los indios y la nueva política económica de la provincia, los pueblos decayeron en su importancia de fabricar obras de carpintería, y más bien conchababan a los comunes carpinteros a los particulares o recurrían a la prestación de los brazos artesanos a título de adquirir bienes considerados comunales; el pueblo de Tobatí, por ejemplo, adquirió 1.000 cabezas de ganado a cambio de peones indios que trabajaban en obras de carpintería (475). L. de Ribera fomentaba en los pueblos los "oficios mecánicos" y exigía que 4 o 6 indios deberían iniciarse en la artesanía (476). Las obras se hacían para la comunidad o para la comuna como unidad social, pero para su uso particular, el indio, recargado con obligaciones forzosas, ausente periódicamente, viviendo en las cuadras de rancherías, sin una real economía familiar, no manifestaba interés ni ambición. Si "trabajar" en los primeros tiempos significaba "rescatar", posteriormente también trabajar en obras limitábase a los pequeños e insignificantes fines de trueque. La falta de productividad individual del indio, debido al sistema de mitazgo y comunal, y no menos, la ideología sobre la incapacidad económica del indio, caracterizaban uno de los mayores defectos en el proceso de hispanización de los guaraníes.
Los pueblos carecían de libertad de comercio; se imponían estrictamente las licencias del gobernador con un control absoluto sobre el ganado, venta de frutos, bienes comunales y adquisiciones; este principio era válido en toda la época colonial, de donde las exigencias continuas de los gobernadores de llevar los libros depositarios de los bienes y obras. La Cédula de 1740, entre otros abusos, critica también: "... el no ser libres los indios para comerciar sus frutos ni venderlos a los mercaderes que transitan por los pueblos, ni transportarlos por el río o tierra a otras ciudades sin licencia del gobernador y otros ministros que es cuesta mucho esta licencia en la distancia de 40 o 50 leguas, y a veces se retarda o niega por fines particulares, y que otros logren el comercio con ellos, quedando por esta causa sin libertad para venderlos los indios y sin poderse socorrer en sus necesidades..." (478); los pueblos indios nunca adquirieron la libertad de comercio o sea, la independencia de las obligatorias licencias del gobernador.
Los padrones y los informes de bienes de los pueblos hablan generalmente del aspecto pobre de las viviendas indias, siendo las órdenes para la renovación de las rancherías casi regulares en todas las visitas de los gobernadores. Azara indica el plano del pueblo de Atyrá (479) como generalmente válido para todos los pueblos guaraníes coloniales, exceptuando Caazapá y Yuty que seguían el orden del pueblo jesuítico, y S. Joaquím por razones especiales que mencionaremos más adelante. El pueblo tenía la disposición rectangular, con la iglesia y plaza central; de un lado se situaban Curato, Administración, Cabildo y Casa de oficios; en los tres restantes lados se ubicaban las viviendas indias que eran "cuadras de ranchería cubierta con paja con separaciones que dividen las familias" (480); no se observaba el principio de "ranchos individuales" aunque la "pared familiar" siempre existía; según el padrón de Itá de 1707, también había en una sola vivienda 3 o 4 familias juntas (481); el problema de ranchos individuales o familiares y ranchos comunales nunca se planteaba como un principio. La misma construcción de las viviendas indias obedecía a la disponibilidad económica del pueblo y, no menos, al interés del administrador; por otra parte hay que considerar que la ausencia de hombres por mitazgo o conchabos tampoco inducía a mayores preocupaciones por las viviendas. Un ejemplo de la agrupación de indios en las cuadras nos ofrece el informe de 1711 bajo el gobierno de Robles (482); en Altos, las viviendas estaban repartidas en 4 aceras, estando cada una de las aceras a cargo de 3 caciques principales, efectuando éstos el control de los indios de su cacicazgo; de esta manera, la agrupación pueblerina de los indios seguía observando las antiguas unidades parciales; parecidamente se mantenían unidos los cacicazgos en las Misiones. Se prescribía que la ranchería debía tener puertas hacia la plaza y no hacia el campo; esta norma fue adoptada para controlar mejor a los indios que se apartaban del pueblo por buscar conchabos o abandonaban definitivamente el pueblo; se sospechaba que algunos indios guaraníes de los pueblos comarcanos ligábanse con los chaqueños en ocasión de sus pillajes por las estancias de los pueblos. Algunos "táva", como Tobatí por ejemplo, tenían un cercado con estacas de madera, con solamente dos puertas de entrada y salida para los comunes. Las casas de cabildo, curato y administración solían tener techos de teja, y los padrones siempre lo indican con precisión. No todos los indios fueron concentrados en las cuadras del pueblo; muchos tenían sus ranchos por las estancias; esto no obstante, el pueblo guaraní desde sus principios manifestaba la tendencia de concentrar el gentío, en contraste con los primeros "pueblos" criollos con su característica dispersión por los valles, tradición ésta que fue rota recién en la primera mitad del siglo XVIII. En el pueblo de S. Joaquím, los ranchos fueron esparcidos y distanciados, no formando cuadras, debido a que los comunes del pueblo, en combinación con sus parientes tarumáes monteses, prendían fuego a sus ranchos. Las cuadras del pueblo no integraban el factor socio-económico y servían tan sólo a los fines de la distribución administrativa; el antiguo sistema guaraní, basado en la cooperativa de la casa comunal y linaje, fue roto.

c) Las inquietudes de los pueblos guaraníes por las hostilidades guaycurúes.

Antes de la Conquista española ya, los neolíticos guaraníes sufrían de constantes asaltos de los pueblos chaqueños, pescadores y cazadores paleolíticos; la misma orilla izquierda del río Paraguay hacía insegura la pesca; los chaqueños asolaban sus tierras y cautivaban sus mujeres; este contacto hostil entre los vecinos cazadores y cultivadores circunstanciaba una causa poderosa para la alianza de los guaraníes con los españoles. En el siglo XVII, los asaltos de los payaguáes y mbayáes a los pueblos guaraníes destruíanlos económicamente hasta obligarlos a desplazar sus asientos, ocurriendo una despoblación total de los guaraníes de las antiguas provincias de Itatí, Guarambaré, Jejuí y, parcialmente, Tobatí. Los Payaguáes, siguiendo su acostumbrada táctica de entrar por los afluentes del río Paraguay en las épocas de creciente, asolaron el pueblo de Jejuí, importante para los mismos españoles, pues "... aquel pueblo estaba en medio de las poblaciones de españoles y era tan amigo [que] facilitaba y ayudaba la comunicación de toda la tierra, cosa que ahora no podrá ser sin riesgos..." (483); el camino de la antigua Villa Rica a Asunción ya no podía contar con el pueblo de apoyo que era Jejuí. Bajo el gobierno de Hinestrosa, el pueblo de Jejuí sufrió otro ataque payaguá, y los valles de Jejuí y Piray comenzaron a despoblarse (484); bajo el gobierno de Garabito de León, los "guaycurúes" destruyeron definitivamente también la villa de Jejuí (485). El pueblo de Jejuí, con asiento en donde está el moderno pueblo de Lima, nunca formó una organización propia de un "táva" colonial; del mismo informe de Hurtado de 1616 se desprende que los parciales jujeños dividían periódicamente su residencia entre el asiento-pueblo y el monte (486). Durante los años 1640 a 1660, muchos pueblos guaraníes sufrían por causa de asaltos de los payaguáes y mbaya-guaycurúes, como Tobatí, Atyra y otros; la expedición de castigo bajo el mando de S. de León revela la preocupación que provocaron los ataques "guaycurúes" a los vaqueros criollos y guaraníes en la otra orilla del río Paraguay; muchos guaraníes que iban a prestar su servicio de mitazgo a sus encomenderos asunceños, también fueron atacados esporádicamente como consta en algunas declaraciones de los cautivos guaraníes, liberados posteriormente; la paz significaba muchas veces asegurarse "las vaqueadas libres" de criollos e indios (487). Los ataques de los payaguáes a los mitayos guaraníes por los caminos eran casi constantes y hay noticias de ellos hasta el gobierno de Andino (488); no todos los guaraníes fueron muertos por los chaqueños, sino mantenidos muchos como cautivos y ocasionalmente traídos en los mismos pueblos guaraníes a fines de rescate a modo de una compra venta de cautivos; el guaraní mitayo resultaba fácil presa para los chaqueños.
Con la expansión de los mbayáes y en virtud de su nuevo módulo cultural de guerreros ecuestres comenzó el problema de los pueblos guaraníes norteños huidos, desplazados y en continua mudanza; los pueblos itatines experimentaron los primeros ataques; en 1663 hay noticias sobre el asalto al pueblo de Aguaranambí, en aquel tiempo junto con Tareí y Caaguasú ya en vías de mudanza hacia el río Ypané por causa de los ataques de los bandeirantes en los años 1647-1649. La tendencia de los mbayáes de ocupar las tierras en la orilla izquierda del río Paraguay ocasionó en los años 1664-1668 una inquietud constante de los pueblos norteños, Atyrá, Ypané, Guarambaré y hasta Tobatí; las tentativas españolas de llevar socorro a los pueblos no tenían éxito. El guaraní de los pueblos no manifestaba ya el antiguo ethos guerrero, conocido de los guarambarenses a través de sus revueltas en el siglo XVI; Ypané y Guarambaré apenas tenían 300 hombres de tomar armas; los pueblos comenzaron a retirarse de sus asientos; desertó Atyrá y parte de las familias huyeron, unas a los montes, otras a las faldas de la serranía vecina (489). La definitiva despoblación de los antiguos pueblos fue provocada por el ataque Mbayá y sus aliados, Payaguáes, Guanás, Lengua, Guaycurutí, en el año 1673; en Atyrá, los mbayáes mataron y cautivaron 120 indios, siguiendo luego los estragos en Ypané y Guarambaré (490); la primera retirada de los pueblos fue orientada hacia las tierras de Curuguaty. Según el informe de J. V. Bazán, los guaraníes de Guarambaré se congregaron en un paraje a media legua de Terecañy, los de Atyrá en el paraje de Ytanará, y los de Ypané en el paraje de Ytaú; todos estaban dispuestos a mudarse a los parajes más al sur por una mayor seguridad; su subsistencia en los parajes provisorios durante la retirada era mínima, "... porque al presente se estan sustentando con palmas y palmitos del monte y algún pescadillo que cogen por aquel territorio..." (491). Los de Arecayá se retiraron hacia el arroyo de Aruayá; eran más numerosos que los de otros pueblos, teniendo unas 730 almas. Los pueblos se desintegraron, pero los grupos parciales quedaban aún unidos, viendo la imposibilidad de una retirada segura y además, por el contacto prolongado con el ambiente criollo, ya no dispuestos para volver a la vida de los monteses. Los parajes curuguateños tampoco ofrecían seguridad por causa de los bandeirantes, los que pretendían venir a llevar a los indios "con nombre de negros de la tierra" de los mismos pueblos Ypané y Guarambaré, según la noticia de 1676 (492). El protector de los naturales pidió para los dos pueblos la posesión de las tierras de Ñaendá y Bocayatí en el valle de Guarnipitan y la suspensión del servicio de mitazgo por 3 años (493). Presionados así por los mbayáes y por los bandeirantes, los pueblos iniciaron su camino hacia Asunción y fueron asentados en lugares que hoy llevan sus nombres; los pueblos S. Pedro de Ypané y Todos Santos de Guarambaré conservaron la unidad del grupo; S. Francisco de Atyrá fue asentado junto con los remanentes guaraníes de S. Benito de los Yoys con apenas 60 almas, originarios del lugar probablemente, pero en los padrones nunca anotados como "táva"; los arecayenses fueron, por licencia Real, agregados en 1675 al pueblo de S. Lorenzo de los Altos, manteniéndose los grupos alteño y arecayense siempre antagónicos, aunque con la misma residencia pueblerina. Las retiradas de los pueblos norteños y sus primeros nuevos emplazamientos fueron costeados parcialmente con ganado de la estancia de la ciudad de Asunción; a tal título, Atyrá, Guarambaré e Ypané recibieron la ayuda de 300 cabezas de ganado (494); los dos últimos pueblos nunca llegaron luego a la solvencia económica considerándose siempre entre los pueblos pobres. Las entradas chaqueñas en los valles de Guiray, Salinas, Capiatá y otros, en 1679, amenazaban e inquietaban a Tobatí y Altos; teniendo el gobierno interés en el paraje de Caapucú por razones de defensa, había una propuesta del cabildo asunceño para que en dicho lugar se trajera la gente del pueblo de Atyrá, "... y se pueble conjunto a el de los españoles para que dándose la mano el uno y otro sea de efecto en las urgencias de defensa ya por el río o ya por la tierra..."; esta propuesta no llegó a concretarse. Durante los años 1692 y 1698 fue el pueblo Tobatí que más daños sufría por causa de los chaqueños; el ataque de los mbayáes, payaguáes y lenguas en el año 1697 lo dejó casi arruinado; asolaron los enemigos las sementeras, robaron el ganado, y quedando "... dichos indios totalmente acobardados y desanimados no solo a cultivar las tierras para sementar sino aun lo que es más lamentable para meter el agua y leña..." (495), por no atreverse a salir fuera del cercado del pueblo sin la escolta de los soldados, según lo describe el gobernador episcopal. El pueblo deseaba la mudanza; fue desmoralizado no tan solamente por su propia ineficiencia, sino también por ver que los mismos españoles y criollos huían y despoblaban los valles cercanos a los ríos y expuestos a los asaltos chaqueños. El cabildo civil fue contrario al proyecto de mudarse el pueblo Tobatí; consideraba que de esta manera dejábase el campo libre a los enemigos, "... de donde pueden cometer sus hostilidades en las estancias y chacras de todos aquellos que habitan por el valle de Yviturú y Tacaaení, Ytaibú, Yaguí que son únicamente las que le han quedado a esta provincia por asilo donde la mayor parte de los vecinos y moradores de ella tienen sus estancias..." (496). En una de las reuniones del cabildo asunceño se proponía hasta que los desubicados villariqueños vinieran a poblar Tobatí, participando ambos, tobatines y villariqueños en la defensa (497); el plan no se concretó y el pueblo se emplazó en donde [está] el actual Tobatí. Durante el gobierno de Escobar Gutiérrez, los infieles dominaban con sus asaltos periódicos los campos de los pueblos Atyrá, Tobatí y Altos (498); al estar en peligro de ser invadido Altos, el cura-administrador se quejaba al cabildo asunceño por lo indefenso que se hallaba el pueblo, debido a la ausencia de hombres del pueblo, ocupados en el servicio de las embarcaciones (499). Esta queja refleja gran parte de la verdad; para mantener la sumisión de los pueblos, los gobiernos trataban de no conferir a los pueblos guaraníes medios de autodefensa; cuando se requerían los caciques a servicio militar, éste se limitaba a trabajos puramente auxiliares; la idea del "indio-bracero" predominaba en su sentido más amplio; la importancia de disponer de remeros y timoneros guaraníes, como en otras partes de yerbateros guaraníes, era mayor que la de la defensa de los pueblos. Los ataques chaqueños constituían gran preocupación en los años del gobierno de Echauri y La Moneda; los mbayáes entraban en los parajes mismos de la cordillera, y eran "... los naturales y vecinos de aquellos parajes afligidos y oprimidos: como asimismo los tres pueblos de indios cristianos que son hoy Altos, Atyrá y Tobatí..." (500). También en el sur acrecentaron las amenazas periódicas de los mocovíes y tobas; en los años 1735 a 1738 casi se despobló el valle de Guarnipitan; los parajes de Tebicuary y Cumbatarí eran los más expuestos, siendo amenazados también los pueblos Itá, Guarambaré e Ypané (501), particularmente sus estancias y chacras. Muchos de los guaraníes caían cautivos y fueron luego revendidos a los españoles en ocasión de treguas y períodos de paz; esta situación se desprende con bastante claridad de un bando de Echauri de 1736: "... por cuanto los indios guaicurús han acostumbrado vender algunos indios y con la codicia de lo que les dan han ido a hacer guerra y han muerto mucha gente, que lo mismo han hecho y podrán hacer otras naciones y aún españoles perdidos acostumbran sacar y hurtar indios y traerlos a unas partes a otras y venderlos en la misma color..." (502). Las "paces" con los mbayáes y payaguáes solían implicar la condición de devolver a los indios cautivos.

d) Particularidades de algunos pueblos y los guaraníes-monteses.

El primer gobierno de Andino era aún un período de integridad y suficiencia económica en la mayoría de los pueblos; pero, durante su segundo gobierno manifestóse ya con claridad las consecuencias de la disgregación social del guaraní hispanizado: extracciones de indios para diferentes beneficios y trajines, licencias y mandamientos excesivos de los gobernadores, dispersión de indios por la provincia, fugas constantes fuera de la provincia, retenciones de los mitayos y mudanza de varios pueblos. Aunque dominaban básicamente las mismas condiciones negativas durante el gobierno de R. de la Moneda, los pueblos experimentaron alguna mejoría en cuanto su solvencia económica; los administradores competían con los encomenderos por los brazos indios útiles y necesarios al pueblo y se generalizaba el pago de indemnización a los encomenderos por la retención de los mitayos; el aprovechamiento de los bienes del pueblo dependía en mayoría de los casos de la capacidad del administrador; esto no obstante, la real situación del indio en nada cambió. Desde el gobierno de Pinedo hasta el de Ribera, el proceso de desmitación, aunque paulatino, influyó en una reorientación económica de los pueblos: la peonada india para varias obras públicas y particulares era conchabada por el mismo pueblo, figurando la prestación de mano de obra en los Libros de Cuentas de los pueblos y representando una fuente de ingresos para el pueblo; el trabajo comunal como fuente única de la solvencia económica del "táva" perdía su importancia. Dentro de este esquema general, cada uno de los pueblos desempeñaba algún rol específico en la economía general de la provincia.
En el siglo XVI, los pueblos formaban 4 nucleaciones básicas: itateña, guarambarense, comarcano-asunceña y caazapeña. La nucleación itateña, formada por Caaguasú, Taré y Bomboy, siempre fue débil y obedecía a los intereses de los encomenderos para que los indios vinieran a servir mita; ninguna colonia española se asentó en sus tierras; el fracasado proyecto de la provincia de Xerez también influyó negativamente. Según el informe detallado del P. Justo Montello de 1659, los jesuitas entraron en la zona itateña en el año 1631, cuando los remanentes itatines-guaraníes vivían en las pequeñas comunidades esparcidas; la mayor parte de los itatines emigró en el siglo XVI, formando el estrato tribal de los guarayú-itatines. La primera "tavaización" jesuítica de las antiguas comunidades de Yacarey, Ñacumytan, Taraguí e Intay en los pueblos de S. Joseph, Los Angeles, Natividad de Nstra. Sra. de Fee y S. Benito, no tuvo éxito por causa del ataque de los bandeirantes en 1632. Muchos de los itatines cruzaron la orilla del río Paraguay y se asentaron en las tierras anteriormente conocidas bajo el nombre de Guacanit y luego como Yvytyryqua; el rejuntar a los indios dispersos de los pueblos fue una ardua tarea para los jesuitas; los itatines siempre resultaban rebeldes y característicamente etnocentristas; la orden del obispo Cárdenas para el empadronamiento de los parciales motivó otra dispersión (503). Los encomenderos asunceños perdieron el derecho a los mitayos itatines, pues los dos remanentes pueblos, Aguaranambí y Caaguasú, fueron finalmente incorporados a las misiones; el gobierno, por otra parte, perdió un núcleo de resistencia contra los bandeirantes, idea ésta defendida por P. Ruíz de Montoya (504).
Distinta era la situación en la nucleación norteña o guarambarense que integraba los pueblos Atyrá, Arecayá, Ypané, Guaramharé, Jejuí y Pericó. El pueblo de S. Francisco de Atyrá fue el más importante antes de su translocación en 1673; a 7 leguas del pueblo se hallaba el Pto. Coque o llamado también el puerto de Atyrá, centro del abastecimiento de las flotas de balsas que transportaban la yerba de la jurisdicción de Villarica, siguiendo la comunicación río Jejuí - río Paraguay; los guaraníes de este pueblo, identificado por Azara con el posterior Tacuatí, mantenían tratos intensos con los españoles. El pueblo de Nstra. Sra. de la Concepción de Arecayá era conocido por su carácter belicoso y altivo; antes de su translocación fue ubicado en las cercanías del río Curuguaty y mantenía relaciones amistosas con los monteses no reducidos, los que posteriormente fueron conocidos como carimáes. Los guaraníes del pueblo Jejuí, al norte del Paso Lima, destruido por los payaguáes, se mencionan siempre como buenos amigos de los españoles, tratándose de las parcialidades que preferían el "táva" a los montes. Ypané y Guarambaré eran dos pueblos que antiguamente manifestaban una solvencia económica notable, si consideramos las grandes exigencias españolas para el aprovisionamiento de víveres en los tiempos de las entradas chaqueñas del siglo XVI. Dos revueltas surgidas en su zona manifiestan el carácter independiente de estos parciales. Todavía en el año 1616, estos pueblos no vivían íntegramente según el módulo del "táva" hispano. Un informe de esta época (505) es un documento elocuente al respecto; el Ypané quedaba casi despoblado y rancherías caídas y arruinadas; los mismos problemas se presentaban en Guarambaré; según declaraciones de los caciques Tambá y Guarambaré, los guaraníes no reducidos, pero de filiación guarambarense, sacaban las mujeres de los nuevos asientos pueblerinos; asimismo el Jejuí albergaba algunos caciques cuya gente vivía en los montes sin que ellos tuvieran autoridad para reducirlos. Pertenecía a la jurisdicción de Villarica la nucleación mbaracayúense con los pueblos La Candelaria, S. Pedro de Terecañy, S. Andrés de Mbaracayú e Yvyrapariyára, pueblos todos poco numerosos; se desintegraron definitivamente con la entrada de los bandeirantes bajo el mando de F. Pedrozo en el año 1676; la mayor parte de los guaraníes siguió a los bandeirantes a fin de eludir trabajos en los yerbales y la vida miserable en los "tapyy" provisorios; algunos guaraníes de Candelaria se hallaban con los españoles en Villarica y les siguieron luego en los nuevos asientos; 70 almas de Yvyrapariyára, sacados por el cura A. Riquelme de Guzmán, fueron incorporadas al pueblo de S. Benito de los Yoys o el nuevo Atyrá (506).
La nucleación caazapeña constituía un importante centro económico tanto por la ganadería como por los yerbales; Caazapá y Yuty estaban, además, en el camino del comercio villariqueño hacia las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, y en relación con el pueblo misionero de S. Ignacio. El pueblo de San Isidro de Itapé se fundó recién en el año 1682; un grupo de los guaraníes monteses, Caynguá, se puso bajo el amparo de los españoles; este primer grupo se componía apenas de un total de 212 almas, característicamente con dos tercios de mujeres, un índice de que se trataba de algunos grupos remanentes que se acercaron al nuevo ambiente por razón de la simple sobrevivencia; se los considera originarios de Tebicuary-mí. Con la justificación de que el pueblo de Itapé sirviera de ejemplo de reducción a los otros monteses, en aquel entonces ya creado el problema de la inseguridad en los yerbales, los guaraníes fueron librados del servicio de mitazgo, imponiéndoseles solamente la vida comunal en el pueblo; los intereses de los gobernadores en disponer de un propio núcleo económico sin intervención de los encomenderos se deslindan del mismo hecho de que al pueblo se adjudicaron las tierras de dimensiones realmente considerables, en contra de las protestas de los vecinos de Villarica. El padrón de Itapé del año 1724 indica el total de 200 almas, con 37 hombres comunes (507); solamente forman el cacicazgo 3 principales: B. Caremá, S. Arapizandú y B. Tacuarí, quedando sin sus "vasallos" el cacique M. Tacuarí. No obstante de ser pequeño el grupo, los fugitivos eran muchos. Las viviendas estaban arruinadas; el pueblo no tenía casa-cabildo; el padrón destaca que no había cárceles, pero sí poseía el pueblo grillos, y cepos de madera que hablan de la dura imposición de las obligaciones del trabajo comunal a que se sometía a los nuevos reducidos. El arriendo de tierras constituía la única solvencia económica del pueblo administrado. El padrón del año 1785 (508) indica el total de almas 75 ya sin mención de los caciques-dones; solamente 22 hombres y 23 mujeres componían "el pueblo", dándose así lugar a una rápida criollización del pueblo. En 1789, había un intento de cambiar el paraje de los guanás ubicados en Tacuatí y trasladarlos a Itapé; el cacique guaná, Zuicá, se resistía a esta agregación al pueblo de Itapé; los guaná-arawak se resistían siempre a una convivencia con los guaraníes del pueblo y con el ambiente criollo en general (509).
Cuando la búsqueda de nuevos yerbales volvióse más intensa, eran más frecuentes también los contactos con los guaraníes no reducidos, generalmente designados con el apelativo monteses o caynguáes, raras veces específicamente como tarumáes o carimás; en lo zona caazapeña y joaquimeña tratábase de los guaraníes originarios que permanecían en su estado cultural neolítico, con algunos contactos ocasionales con los guaraníes pueblerinos e hispanizados; en la zona nordoestina, además de los no reducidos tratábase de muchos fugitivos que anteriormente estaban en contacto con los españoles de Villarica y misioneros de Guayrá; muchos guaraníes alzados y desertores de los pueblos y de las misiones refugiábanse entre los monteses. En todos los casos, los informes indican que se trataba de pequeñas comunidades del tipo "linaje-casa comunal" y no de grandes aglomeraciones aldeanas. Según una información del cabildo villariqueño, en 1699, los soldados encontraron, revisando el Real camino, «...cantidad de indios infieles con casas y sementeras pobladas que se les resistieron en armas y puestos en huida..." (510). Haqia fines del siglo XVII, los monteses comenzaron a inquietar el laboreo de yerba y las tropas de transporte de yerba; estos ataques se originaron en la zona de los yerbales de Mbaracayú; con el auto de 1699, el gobernador Cota ordenó una expedición exploradora para averiguar si eran los monteses-guaraníes o los tupíes a servicio de los portugueses, los que atacaban las tropas (511); la exploración del paraje de Caaguagué demostró que las inquietudes fueron ocasionadas por los monteses. Entre los atacados fueron a veces también los guaraníes de Caazapá que servían de conductores de tropas, buscando los monteses dos artículos básicos: hierro y vestimenta, es decir, los mismos elementos que circunstanciaban los primeros rescates en la época de la conquista. Desde el gobierno de Escobar Gutiérrez, los pedidos para la represión de los monteses se intensificaron, apelando los encomenderos y los beneficiadores de yerba a dejarlos alejados bajo la "ley de guerra", procedimiento usado contra los chaqueños (512). Los rastreos de los monteses por el interés del cabildo villariqueño fueron frecuentes; en tales ocasiones, como por ejemplo durante el rastreo de Amambay y Curuguaty, se tomaban cautivos algunos monteses, hombres y familias. En los años 1717 a 1733, las hostilidades de los monteses eran continuas, especialmente en los parajes Tarumá, Taguacorá, Yatimí, Curiy, Apereatí, Huybarandí y en el valle de Ajos; en los documentos, los monteses eran siempre acusados de flechar y herir peones yerbateros, matar mulas cargueras, despojar las viviendas de los beneficiadores, apoderarse de herramientas y vestimenta, y quemar la yerba laborada; se acusaba a los mismos yanaconas guaraníes de los vecinos villariqueños de tener relaciones con los monteses y facilitar sus asaltos a las chacras españolas. Siendo la quema de la yerba siempre más frecuente, quiso apelarse durante el gobierno de Barúa a la aplicación de la cédula real de 1721 con la cual se justificaba la "guerra formal" a los payaguáes del Chaco; tal justificación de subyugar a los monteses por medio de [las] armas convenía a los villariqueños y curuguateños, los que además de buscar la seguridad de los yerbales, trataban también de obtener los nuevos brazos en vista de la rápida disminución del yanaconato en la misma época (513); el protector de los naturales defendía a los monteses e interpretaba la agresividad de estos como probable consecuencia de algunos "imprudentes beneficiadores". Un padrón de los monteses en Villarica, realizado bajo el gobierno de Robles (514), indica que había en total 22 almas, de éstas, hombres maduros solamente 2, jóvenes y niños 8, y mujeres 12; "las piezas" fueron adquiridas durante los rastreos ordenados por los gobernadores E. Gutiérrez y García Ros. El protector objetó dicha lista de posesión, manifestando que los vecinos villariqueños "... han enajenado y vendido publicamente algunas piezas de indios e indias sacados del monte..." (515). Un bando de Echauri de 1739 confirma que en Villarica y Curuguaty "... hay diversas familias de indios cristianos monteses connaturalizados con ellos, casados y con hijos..." (516), y, "... que en ambas Villas, los vecinos de ellas hacen ventas, trueques y permutas de dichos indios monteses, teniendo en ello sus logros e intereses...", considerándose esta yanaconización y la venta como hechos condenables por ser "contra la libertad y privilegios que gozan y deben gozar los indios cristianos..." (517); el indio una vez bautizado, adquiría el status de "amparado". Los Monteses vivían, según los informes, en "casa de familia" o "casa o almacén de sus bastimientos", es decir, en pequeños grupos domésticos diseminados; en el paraje de Tambay, por ejemplo, vivían dos "caciques", Ysíti y Arasí, cada uno con 20 hombres de guerra y con varias mujeres cada uno y aún buscándolas por medio de rapto o agregación voluntaria entre las mujeres yanaconas de Villarica, índice de la importancia que para el antiguo sistema económico de los guaraníes tenía la poligamia.
En 1720 aproximadamente, los jesuitas entraron en contacto con los monteses que pertenecían al estrato de "kaynguá apyteré", o sea, de los tonsurados (518); al respecto existen dos documentos: "Relación del hallazgo de los indios de este pueblo de San Joaquín", y, "Relación del hallazgo de los Indios Tobatines", ambas escritas por P. J. Más (519). Con los primeros tobatines-tarumáes, los jesuitas formaron la reducción de Nstra. Sra. del Rosario con un total de 500 almas; por temor a los ataques de los chaqueños los trasladaron a las misiones del Paraná; pero, estos monteses no aceptaron tal desnaturalización y luego de siete tentativas consiguieron huir del Paraná y volver a sus naturales tierras. El redescubrimiento de los mismos, esparcidos por los parajes de Tarumá, Tapebiy y Tapiracuaí, fue en el año 1746, formándose a base de las comunidades de 5 caciques, Parandery, Guayrazurá, Yasú, Yazuabuzá y Xavier, el pueblo de S. Joaquím. Por medio de estos indios, los jesuitas entraron en 1749 en contacto con otros grupos que tenían sus asientos en los bosques del río Jejuí; estos fueron asentados en el pueblo de S. Estanislao, en donde los jesuitas previamente asentaron a algunos guaraníes misioneros, hecho que luego motivó las acusaciones de que los dos pueblos eran "intrusos". Los guaraníes de estos dos pueblos no estaban encomendados, no prestaban el servicio de mitazgo y tampoco pagaban el tributo prescrito por la Ley 7, título 17, libro 6, que determinaba el tributo de 6 pesos por hombre tributario. La Real Hacienda reclamó el tributo, formulándose el respectivo expediente en 1780 (520); M. J. Aramburu, en base de un supuesto acuerdo con el gobernador, propuso el pago de dicho tributo o en moneda a base del importe del tabaco negro torcido que beneficiaba el pueblo, o igualando la tasa de 1 peso de plata válida para los guaraníes del Paraná y del Uruguay, o satisfaciendo los 6 pesos establecidos por ley en los frutos comerciables de aquellos tiempos. En su carta al tribunal mayor de cuentas del Virreynato de Buenos Aires, el gobernador Melo de Portugal pidió, no obstante, que los dos pueblos fueran eximidos del tributo o con goce de su moderación, y apeló a tres razones: que los pueblos mencionados son los fronterizos a los monteses no reducidos, constituyendo una barrera contra la posible introducción de los mismos en las tierras pobladas por los españoles; que los guaraníes de ambos pueblos están en parentesco con los monteses de dicha zona y con frecuencia se retiran junto a ellos, pudiendo ser el gravamen del tributo un obstáculo para atraer otros grupos monteses; que los dos pueblos sufrían la insolvencia económica por sequía y la epidemia de viruela en 1778. Las dos cartas de los cabildos de S. Joaquím y S. Estanislao, firmadas por los corregidores M. Paraverá y H. Curugaó, asimismo apelaban a la pobreza (521). En ocasión de su visita a los dos pueblos en 1786, Melo dilató nuevamente el problema del pago de tributo. En realidad, pocos eran los tarumáes que permanecieron en los pueblos, retirándose periódicamente a los montes; los misioneros, traídos por los jesuitas, constituían el núcleo permanente (522).
Bajo el gobierno de Melo de Portugal se efectuaban los rastreos de los monteses desde Curuguaty por los terrenos y yerbales de Caremá (523); esporádicamente, las relaciones con los monteses fueron pacíficas, pues éstos solían acercarse a algunos parajes con fines de trueque por dos artículos ya mencionados (524). Los beneficiadores, para proteger los yerbales y asegurar la paz durante el laboreo de la yerba, exigían la definitiva pacificación de los monteses o, en caso contrario, dejar el paso libre a los mbayáes para sus entradas hostiles en las tierras de los guaraníes monteses (525). En la primera mitad del siglo XVIII, los mbayáes realizaron muchas incursiones en la zona de "los comedores de maíz", como ellos llamaban a los guaraníes, llegando hasta las Sierras de Amambay y Mbaracayú; después de la paz pactada con los españoles, muchos grupos mbayáes estaban en buenas relaciones con los pobladores criollos de Concepción, Iguamandiyú y Quarepotí, entrando con frecuencia en los yerbales y persiguiendo a los monteses y matándolos a veces en los beneficios en presencia de los capataces criollos; el capellán Salinas acusó al mismo Comandante Ramírez de haber organizado una batida combinada de españoles y mbayáes en contra de los monteses, hecho negado por el acusado con justificación de una defensa contra el ataque de 48 bien armados guaraníes (526). Lorenzo, llamado cacique principal de los mbayáes, hizo una entrada entre los monteses "... con el fin de cautivar a dos chicuelos y llevarlos a V. S de regalo para cocheros..." (527), según la carta de Ramírez al gobernador Alós; todavía en el año 1808 se menciona que los mbayáes conjuntamente con los guanás de Tacuatí atacaron a los monteses sin que se hiciera presión sobre los tacuateños para la devolución de los guaraníes cautivos (528). Los informes de 1791 cursados por el capellán Salinas y comandante Ramírez al gobernador, ilustran la situación de los monteses (529); Salinas quiso fundar con ellos una nueva reducción; en los yerbales llegó a entrevistarse con algunos caciques, exigiendo "la amistad perpetua para con los españoles" y asegurando la libertad de trueques. Los caciques Cuarasimirí y Cuarasiguasú, por ejemplo, vinieron con bastimentos de maíz, batatas, mandioca y caña dulce, repartiéndolos a trueque a los peones yerbateros y a los soldados; los caciques solían presentarse con las cruces "floridas", es decir emplumadas, en la mano, lo que comprueba que muchos monteses eran descendientes de los desbandados guaraníes del siglo XVI en la zona mbaracayúense, o refugiados, o huidos de los mismos pueblos coloniales, o los nuevos reducidos de S. Estanislao o S. Joaquím, llamados "apóstatas" (530). Entre los caciques participantes del plan de una reducción propia, Salinas cita: Cusurú guasú, Yasucatí, Yacirá Verayú, Yacairá guasú, Quaraciyú guasú, Quaraciyú mirí, Pay Verayú, Nebaireyú guasú, Pay Veratí, Yasucá Potí, Pay Guara, Diyú guasú, Yasucay, Yeguacazú mirí, Ybotity, Guarariyú mirí. La elección del lugar de la proyectada reducción, en conformidad con los mismos monteses, se situaba a 40 leguas de Concepción, entre río Ypané y río Yaguí, con montes en este y oeste; Salinas proponía hasta la agregación de los belenistas, con idea de formar una numerosa nucleación. El proyecto no tuvo mucho éxito; la desconfianza mutua entre los beneficiadores y los monteses, especialmente por intervenciones de los mbayáes, perduraba, y también escaramuzas y algunas batidas de los soldados, ya que los monteses en tales informes presentábanse como "los asesinos traidores" (531), debido a sus ataques por sorpresa, táctica común de los flecheros primitivos. Salinas divide a los monteses de aquella zona en dos grupos: los itanaráes con los caciques Yasucayú y Aracetí, y los paramiríes, siendo los primeros considerados más belicosos y agresivos. Las integraciones de los monteses fueron reducidas y solía desnaturalizárselos; todavía en el año 1843 se mencionan los monteses; el gobierno repartió 174 almas, en su mayoría mujeres y niños, a varias personas de Asunción en calidad de neófitos y con el status de "criadas-chinas" (533); algunas familias montesas fueron destinadas a poblar en la jurisdicción de Guarambaré, pero fueron diezmadas por una epidemia de erisipela, decretando el gobierno en 1845 la incorporación de los sobrevivientes a la comunidad de Itá (534).
En 1759, los jesuitas fundaron el pueblo de Nstra. Sra. de Belén, esencialmente como una reducción para los neófitos mbayáes; el P. Sánchez Labrador asentó también Belén con un núcleo de los guaraníes de las misiones (24 familias), diezmados pronto por una epidemia de viruela; en 1762, el gobernador Martínez Fontes declaró el pueblo "incorporado a la Corona" (535). Posteriormente, los mbayáes se dispersaron y el pueblo recibió otros indios misioneros desertores, tapés especialmente; el pueblo siempre quedó pobre y sus habitantes obligados a conchabarse (536); Azara cita como el total de la población: 70 matrimonios, 51 solteros, 132 solteras y viudas (537).
En las antiguas tierras guaraníes se fundaron dos nuevos pueblos con los guaná-chanés-arawak, cuando éstos se independizaron de su vasallaje a los mbayáes; eran racialmente amazónides como los guaraníes y culturalmente con el ethos agrícola muy desarrollado. Ambos pueblos, Tacuatí y San Juan Nepomuceno fueron fundados durante el gobierno de L. de Ribera; en el pueblo Tacuatí se asentaron los layaná-guanás, consiguiendo así su viejo anhelo de tener tierras fértiles en la margen izquierda del río Paraguay en lugar de las precarias tierras chaqueñas; el pueblo se componía de un total de 1.281 almas, sin incluir los viejos de ambos sexos; fueron repartidos en 13 cacicazgos (538). Los layanás, llamados en los documentos también tacuatíes, deseaban tener verdadero pueblo, es decir, con estancia, herramientas y administrador lenguaraz, el que entendiera el guaraní para facilitar el trato con el nuevo ambiente criollo; la productividad de estos agricultores layanás fue varias veces destacada. Esto no obstante, la autoridad de Concepción fue siempre recelosa; los soldados registraban ocasionalmente el camino desde el pueblo Tacuatí hasta las tolderías de los mbayáes, sospechando que entre ambas tribus aún existían relaciones (539), sintiéndose los guanás todavía algo tributarios de los mbayáes (540); frente a los guaraníes monteses, los guanás siempre conservaron su ethos de superioridad. El pueblo de San Juan Nepomuceno se fundó en 1797 con los chavaraná-echoaladí-guanás; Caazapá hizo a la nueva reducción la donación de un considerable terreno apto para el chacareo y estancias (541); el nuevo pueblo contaba con 1.400 almas (542); de esta manera se introdujo en la nucleación caazapeña-guaraní un grupo tribal arawak; Ribera tenía interés en la explotación de las ricas tierras de la mencionada zona. Estos chavaranás tenían ya previamente algunos contactos con el ambiente criollo, español y guaraní; solían prestar sus brazos como remeros, sirviendo en calidad de simple peonada ya que tribalmente no eran sojuzgados por los españoles y, por ende, no tenían obligaciones de tributos o de servicio personal. Ambos pueblos guanás fueron rápidamente desintegrados por absorción y exterminación, no siendo nunca tolerados por el ambiente criollo.

e) Indio libre y el mestizo.

En los documentos del siglo XVIII se mencionan con frecuencia "indios libres", o también, indios misioneros, indios marianos, indios de las doctrinas, o con el apelativo generalizado de Tapés. La población india libre se componía de desertores guaraníes de las misiones, del núcleo poblador traído de las Misiones por los jesuitas para fundar los nuevos pueblos norteños, y de tapés, los que luego de la derrota en Tebicuary fueron por Antequera esparcidos por la provincia o agregados, a veces, a algunos pueblos, especialmente a Ypané por ser este pueblo poco numeroso (543). El status del guaraní libre implicaba que no fue encomendado ni en calidad de mitayo ni de yanacona, siendo su sola obligación pagar la tasa de tributo, lo que le permitía eludir también la vida comunal en los pueblos; quedaban libres de la comuna los que "... afianzen el tributo que deben pagar a S.M. conchabándose con amo conocido..." (544), actuando éste como garante para el cumplimiento del tributo; si faltaba dicha fianza, quedaban los indios incorporados a un pueblo guaraní; una situación parecida valía también para los pardos libres, aunque a falta del pueblo instituyóse la ley de amparo como garantía para el pago de tributos. Esta libertad permitía a los guaraníes usufructuar el rancho y la chacra fuera del pueblo y constituir su economía familiar (545); pocos eran los guaraníes pueblerinos declarados libres a título de "premios". El status de indio libre era hereditario; las reclamaciones por la libertad de encomienda y comunal de los hijos nacidos en uniones de las guaraníes del pueblo o yanacona con los indios libres, misioneros o tapés eran frecuentes, según ya hemos hablado al tratar los padrones de los pueblos. Los guaraníes, tributarios libres, eran preferentemente braceros, remeros, conductores de jangadas (546) o artesanos, muy buscados por los criollos; esta vida de conchabo les igualaba en realidad con la peonada mestiza y criolla; el mismo pago del tributo era, al parecer, más teórico que real, debido a los propios intereses de los que los conchababan. Hacia fines del siglo XVIII, la no incorporación de los indios tributarios libres a los pueblos comenzaba a crear el problema de "indios vagos", inestables, peones nómadas, acusados por los administradores de los pueblos como perniciosos para la comunidad india pueblerina, debido a los contactos que mantenían con ellos.
El problema del mestizamiento se estudiará en un trabajo aparte; en este contexto solamente se indicará la situación de los mestizos nacidos bajo la obligación de mita, yanaconato y régimen comunal de los pueblos. Si el siglo XVI aún significaba un mestizamiento libre e intenso, la segregación de los guaraníes en los pueblos administrados indudablemente limitó dicha libertad; nacían hijos mestizos cuando se dispersaban las mujeres pueblerinas por las casas de los criollos en busca de conchabos y las jóvenes servían a los criollos a título de doctrina y educación; más intenso fue el mestizamiento en la clase de los yanacona-originarios; dado el apremio de las condiciones de vida, la lucha de los indios para que los hijos fueran declarados "mestizos libres" era más consciente y frecuente; a esto hay que agregar un gran número de mestizos que no fueron declarados como tales, siguiendo el status social del indio. La declaración de "mestizos libres" se efectuaba generalmente en ocasión de las visitas de los gobernadores o a pedido explícito de los protectores de los naturales; tales declaraciones dejaban al mestizo libre de cualquier obligación de servicio propio de indios y también de la vida comunal y de tributo específico que correspondía al status socio-racial de indios libres y pardos libres. "... Así por el de su rostro y cuerpo, como en el pelo y demás facciones (manifiestan) de ser hijos de español, los declaraba y declara por mestizos libres habidos en la dicha india..." (547), así solían rezar las atestiguaciones. El mestizo Ventura Cuyurí de Yaguarón declara que "... debo gozar excepción de los trabajos comunes como hijo de español reconocido por tal para la paga de tributos en los padrones..." (548); en este caso, el pueblo de Yaguarón trataba de retener al mestizo por ser carpintero y por ende útil al pueblo. La fórmula declaratoria esencial confería dos derechos: "para que goze de toda libertad y use traje español" (549); los mestizos no declarados oficialmente quedaban en su status de indio tributario, encomendado y comunal; esencialmente se trataba del status social y no de diferencias raciales en su neto sentido de la palabra. Había casos de retroceso del mestizo libre al status de indio comunal, pero librado del mitazgo; en Caazapá, por ejemplo, un mestizo se casó con una guaraní del pueblo; los hijos fueron, según el padrón, clasificados como "indios sueltos", incorporados a las obligaciones comunales (550) y perdiendo el derecho de usar el traje español. Los mestizos siempre preferían el trabajo de chacras y estancias a los conchabos de peones; solían mencionarse como arrendatarios de las tierras de los pueblos guaraníes, como por ejemplo en Yuty; sus asientos numéricamente fuertes se hallaban en el partido de Cordillera, Pirayú y Cango o Bopy (552).

f) El gobierno del pueblo.

El gobernador era el jefe superior de los pueblos guaraníes y de él dependía el nombramiento de los administradores, curas o laicos. Alfaro era contrario a que los pueblos indios tuvieran administradores o mayordomos españoles; la resolución del Consejo de Indias estableció, empero, el cargo del administrador como responsable de la solvencia económica de los pueblos; el gobernador debía vigilar para que los administradores "... traten bien los indios y les den buen ejemplo y no tengan con ellos ni en sus pueblos tratos ni contratos ni otras ningunas grangerías, informándose con toda diligencia de como proceder para castigar con rigor los excesos que hubiere y removerlos de la tal administración y oficio y elegir y nombrar otros que cumplan con sus obligaciones" (553); el administrador nunca llevaba la vara de la justicia. Varias veces y en distintos períodos se formularon cargos contra los administradores; es interesante al respecto la información que se ha levantado sobre la conducta del administrador J. M. Granze de Yaguarón bajo el gobierno de L. Ribera, ya que sirve de índice real de las responsabilidades del administrador y también de las posibilidades de explotación de los bienes comunales (554). El cuestionario fue dirigido a los miembros del cabildo guaraní del pueblo mencionado, y como siempre en tales casos, los declarantes guaraníes no protestaron contra el administrador, manifestando tan solamente las quejas y protestas ya bien conocidas: la pobreza del pueblo y el perjuicio derivado de los excesivos trabajos de peonaje en la Real Fábrica de Tabaco. El cuestionario abarcó los siguientes puntos: si incurriera en el maltrato de los indios, siendo este hecho la causa de la fuga de los comunes del pueblo; si hubiera abusado de los bienes comunales por beneficiar a sus parientes; si él mismo tuviera utilidades propias por medio del comercio con personas particulares, con la ciudad de Asunción, con mercaderes viajantes, o hasta con los administradores de otros pueblos guaraníes; si hubiera manifestado usurpación en lo que respecta a los bienes principales del pueblo como ganado, algodón, lienzo, azúcar y miel; si hubiera tenido ganancias por medio de compras de géneros y comestibles necesarios al pueblo; si no realizara debidamente el control del almacenaje de los productas del pueblo y en conformidad con las autoridades indias del pueblo; si no prestara asistencia necesaria a los ancianos, enfermos, viudas y huérfanos cuyo sustento corría a expensas del pueblo; si no prestara atención a que se cumplieran debidamente las obligaciones religiosas; si hubiera permitido que los pobladores españoles arrendatarios o encomenderos, extorsionaran al pueblo. El administrador, llamado a veces también "propietario del pueblo" por su rol básicamente económico, se consideraba bueno, según el criterio del gobernador, si no era "disipador", el tenor de alabanza que se dio al administrador Don J. Servín también de Yaguarón (555). Algunos administradores laicos fueron enjuiciados por la apropiación de bienes a expensas del pueblo; intervenían entonces los protectores de los naturales, si tal causa perjudicaba directamente a los indios, circunstanciando la miseria (556). Contra los administradores laicos que con sus familias vivían en los pueblos y a costa de los pueblos, protestaba el protector J. B. Achard, recomendando curas-administradores (557). Ya a través de los inventarios de los bienes del pueblo hemos observado el orden puramente administrativo de rendiciones de cuentas esporádicas, muy lejos de la realidad en la que vivían los indios comunes; siendo el corregidor guaraní un miembro completamente pasivo o ya interesado en las pequeñas ventajas y oportunidades, permitía al administrador el manejo casi absoluto de los bienes, con o sin consenso del gobernador, y arbitrariedades de toda índole. Había buenos administradores, pero había también disipadores e interesados; el guaraní común dependía indirectamente de la capacidad y honestidad del administrador, pues mayor era la potencia de los bienes comunes, aunque estos esencialmente una propiedad administrativa y fuera de la directa participación de los indios, más disponibilidad había para el consumo mínimo, más liños de mandioca y maíz, más lienzo para vestuario, y más regular la escasa repartición de carne.
Al administrador correspondía por derecho el 6 % de lo que manejaba, además del sustento a costa del pueblo; pero, los inventarios revelan con claridad que en artículo de hilanza, algodón y yerba, el porcentaje era mayor (10%). Para todo lo referente a compra-venta-permuta, el administrador dependía de las licencias respectivas del gobernador, una limitación poco eficaz y, por otra parte, sin verdadero valor para el pueblo indio, pues eran los mismos gobernadores interesados en el favoritismo comercial; los gastos de la administración por adquisición nominal y real de ornatos de iglesia, telas finas, vajillas "del pueblo", vestimenta oficial para los titulares del cabildo indio para la ocasión de fiestas patronales y visitas de los gobernadores, las permutas realizadas con ganado, yerba, azúcar y tabaco, todos estos factores constituían el monopolio del comercio y de la tienda-almacén del pueblo, en pleno perjuicio de las necesidades propias de los indios comunes. La yerba era objeto de intereses diferentes; ya Azara acotó que para los indios comunes, ni hay para ellos cosa más perjudicial que la yerba, porque es el blanco de los tiros de los administradores, de los comerciantes favoritos y de los gobernadores..." (558); esta acotación la hace Azara al mencionar que el pueblo de S. Estanislao debía al administrador 36.000 arrobas de yerba, además de 4.600 a otros particulares; ya previamente hemos hablado sobre el comercio con yerba a base de una política de conchabo de brazos en los pueblos norteños. Estos privilegios de los gobernadores y administradores constituían un motivo de continua oposición de los encomenderos; el reproche no consistía tanto en las ganancias como en el problema de los brazos que ambas partes interesadas necesitaban. Si quejas había por maltratos que algunos encomenderos daban a sus mitayos y yanacona, también existían castigos que empleaban los administradores, laicos y curas, para obligar a los indios comunes a cumplir con sus obligaciones de trabajo comunal, especialmente en los artículos de producción que más beneficios producían para los fines administrativos. Los administradores de Caazapá y Yuty fueron inculpados en 1712 de ser la causa de la dispersión y fuga de los indios, debido a los rigores del trabajo comunal y los castigos implícitos (559); entre los maltratos se menciona el castigo con azotes por no cumplirse la tasa comunal de hilanzas, pero la parte acusada contestó de que dichos azotes solamente se empleaban limitadamente de 4 a 6, "... porque sin este medio se abstrayeran de las confesiones, doctrina cristiana y de oir misa como se tiene reconocido y experimentado en su naturaleza inhábil y floja..." (560) La real cédula de 1726 determinaba que los gobernadores no "...no consientan a los curas y doctrineros que tengan cárceles, prisiones, grillos y cepos para prender y detener a los indios, ni que quiten el cabello, ni azoten, ni impongan condenaciones, sino fuere en caso que tengan la comisión de los Obispos..." (561). El protector de los naturales protestaba por los "... padecimientos y malos tratamientos del corregidor y cabildo y demás indios del pueblo de Guaramharé..." (562). La doctrina y el trabajo comunal de los indios se consideraban casi al mismo nivel en cuanto la educación religiosa y civil de los indios.
En todos los casos se entrevé la acusación que pesaba contra los guaraníes: "ociosidad y mala inclinación", la que expresaba una resistencia pasiva de los indios comunes al impuesto régimen comunal. Dicha resistencia se manifestó ocasionalmente en cierta oposición de algunos caciques a los administradores o a sus aliados, los corregidores; para los fines de la organización del trabajo comunal valía también la división de los comunes del pueblo por cacicazgos como unidades parciales; el cacique respondía por el trabajo de sus parciales, "... pues aun cuando por ser cacique no debiese trabajar, debía siempre con los de su aillo [16] o parcialidad asistir a las faenas para hacerlos trabajar..." (563); los guaraníes fueron bastante desmembrados en cuanto su linaje parcial, pero algunos caciques-dones llegaron individualmente a tener cierto prestigio. En los bandos contra la ausencia de los indios comunes de los pueblos se menciona que los caciques solían conchabar a su gente a los particulares, un hecho también indicativo de que los caciques podían influir sobre sus parciales y eludir el riguroso y pesado régimen comunal. Don Felipe Arucapí de Yaguarón (1790) tuvo desavenencias con el administrador Francia y con el corregidor guaraní muy hispanizado, J. I. Turquín; fue castigado con 12 a 16 azotes por su "espíritu de inquietud e inmoderación", según la declaración del administrador (564); el cacique quedó prófugo, y al cambiarse el administrador, hizo petición al gobernador para su reintegración al pueblo de origen. En los pueblos que más sufrían por causa de las arbitrariedades de los administradores, fueron a veces los guaraníes comunes también, los que a su manera protestaban; Estanislao Arecopiché de San Joaquím fue preso en la Real cárcel no tan solamente por acusación del robo de caballos, sino también por "insurgencia y sublevación", como lo dice la correspondiente causa judicial (565); "las insurgencias" motivaban frecuentemente la expulsión de los comunes del pueblo.
El corregidor era el "gobernador indio" de los pueblos según las Leyes; se otorgaba la vara de corregidor al guaraní, generalmente nombrado por el gobernador, con la siguiente cláusula: "... para que cuide de los trabajos comunes asistiendo al administrador en todas sus determinaciones, evite los pecados públicos, disensiones y parcialidades entre los naturales de su pueblo..." (566); así consta en el nombramiento del corregidor Juan Yaharí de Yaguarón en 1788. En lo criminal, el corregidor solamente tenía el derecho de apresar a los reos, y en las penas de carácter privado o comunal del pueblo, las decisiones sobre los azotes correspondían al corregidor y al administrador. La real cédula de 1740 constata: "... que los gobernadores dan títulos de corregidores de dichos pueblos algunas veces a indios perjudiciales al bien común, paz y conservación de las Doctrinas..." (567), resolviendo que los alcaldes, regidores, fiscales y también el corregidor o gobernador indio deben ser instituidos por la libre elección de los comunes. Teóricamente, el corregidor compartía con el administrador la responsabilidad por los bienes del pueblo; el corregidor Cherazí-caé de Yaguarón fue destituido por el gobernador Robles, inculpándosele la miseria del pueblo; de nada valían las disculpas de los concejales indios de que no eran ellos, los que administraban los bienes de producto del trabajo, sino el administrador mismo (568). El cambio de corregidor en su cargo implicaba la obligación del inventario de los bienes comunales o las respectivas constancias, practicándose así especialmente en Yaguarón, Altos e Itá, debido a un control más directo de los gobernadores. Los corregidores eran nominalmente también responsables por el cumplimiento de las licencias otorgadas por el gobernador; Don Gregorio Mbararacó de Caazapá y Don Pasqual Mbarú de Yuty fueron enjuiciados por Robles por no haber dado 20 indios para el beneficio de yerba a favor del regidor J. Avalos y Mendoza de Asunción; ambos se justificaban de que los indios estaban demasiado ocupados en otras faenas y el pueblo sufría la miseria por falta de brazos (570); para el cumplimiento de tales licencias, los corregidores tenían frecuentemente que obligar a los comunes para realizar el trabajo impuesto. También era el corregidor el ejecutor de los mandamientos del gobierno para las obras públicas, un trabajo al cual siempre se resistían los comunes; el corregidor del pueblo Arecayá tomó parte de esta resistencia de los comunes, y provocó la revuelta. El corregidor de Tobatí, por ejemplo, quiso imponer un mandamiento del gobernador Robles en 1713, pero desacataron las órdenes los propios concejales en combinación con los "caciques oficiales de guerra" que tenían la voz consultiva; todos fueron castigados por su desacato al corregidor; dos alcaldes, H. Ararayú y S. Guariaré recibieron 12 azotes cada uno; al alcalde-cacique L. Mbaicirí se le suspendió el oficio por 15 días; el alférez guaraní tuvo que ocuparse en la reedificación de la casa del cuerpo de guardias de españoles; otros fueron condenados a 2 meses de trabajos forzados en la reedificación del cerco defensivo del pueblo (571). Si en la mayoría de los aspectos del gobierno del pueblo, el corregidor era en realidad un simple asistente pasivo del administrador o el ejecutor de sus órdenes, tenía, empero, cierta autoridad en cuanto a la repartición de brazos y de bienes subsistenciales del pueblo, de donde [se originaron] frecuentes roces con los caciques como representantes de sus parciales comunes. El corregidor gozaba del derecho de "Don" mientras duraba su oficio; esto lo eximía de la obligación de mitazgo; al parecer había ciertas irregularidades al respecto, pues había periódicas consultas al gobernador de si los corregidores en ejercicio y fuera de ejercicio debían o no servir la mita. El corregidor y los titulares del cabildo eran los firmantes de todas las cartas que figuraban en los expedientes oficiales del gobierno, sirviendo de testimonio de la voluntad de los indios comunes del pueblo; así deben interpretarse las cartas escritas en guaraní por el cabildo de los pueblos de S. Joaquím y S. Estanislao en ocasión del pleito por la liberación de tributos (569).
Las ordenanzas de Alfaro establecieron la obligación de cabildos indios con un alcalde y dos regidores por 80 casas de un pueblo, y aumentando a razón de mayor densidad de la población; dividió también las responsabilidades: el gobierno de los pueblos quedaba a cargo de los alcaldes y el gobierno de los repartimientos de mitazgo a cargo de los caciques (Nº 50); las elecciones anuales de los titulares del cabildo eran en principio libres por los indios comunes (572); durante el ejercicio, todos eran librados del servicio de mitazgo. El libro capitular de Yaguarón para el período de casi 100 años, desde 1717, menciona los cargos siguientes: alcalde ordinario del primer voto y del segundo voto, alcalde de provincia, alférez real, alguacil mayor, dos regidores, alcalde de Sta. Hermandad y procurador general (573), cargos generalmente sólo nominales. Una posición particular tenía el pueblo de Itapé por el escaso número de la gente, constituyéndose solamente los cargos de corregidor, un alcalde ordinario, un regidor y un alférez, y siendo los cambios no factibles (574). El mencionado libro capitular indica que los cargos recaían periódicamente sobre las mismas personas, especialmente sobre la gente de oficio; gran parte de los concejales guaraníes poseía rudimentos de lectura y escritura; un maestro de Yuty fue destituido por el administrador y corregidor por la ineficiencia de su enseñanza para el desempeño de los ministerios y cargos indispensables..." (575). Fue así que los concejales y la gente de oficio por su propia condición de una mayor eficacia llegaban a representar una especie de "elite guaraní" hispanizada dentro del pueblo; Azara destaca que en su tiempo el pueblo de Yaguarón fue administrado en lo temporal y espiritual por "un clérigo viejo, ayudado de un compañero, y más de algunos indios muy capaces" (576); no en todos los pueblos se manifestaba este factor, pero sí entre los pueblos comarcanos de Asunción. Desde el punto de vista social, esta "elite" figuraba en los documentos de la época bajo el reclamo de "indios necesarios al pueblo"; con ellos mantenían los administradores estrechos contactos y aunque estos "indios necesarios" administrativamente sólo fueron dirigidos y con frecuencia instrumentados, desempeñaban no obstante un rol más activo y más individualista que el resto de los comunes. Además de este grupo social, originado y desarrollado en el "táva" hispano-guaraní, existía el grupo social de los caciques mayorales de los parciales, con su derecho hereditario al título de "don" y el consiguiente status de un "hidalgo guaraní", originado también en la época hispana, pero basado en la tradición de las antiguas comunidades sociales de los guaraníes. La voz de los caciques era siempre consultiva, actuando en realidad de portavoces de los comunes; también corría a cargo de ellos la repartición de los pequeños lotes familiares entre sus parciales; constituían así los caciques un estrato representativo de los comunes, mucho más pasivo en los asuntos administrativos del pueblo que el grupo de "indios necesarios", no siendo por ende extraño que se llegara ocasionalmente a roces entre ambos grupos. Si en los primeros tiempos, los "necesarios" buscaban la permanencia en el pueblo o estrechas vinculaciones con él, los caciques se fugaban y conchababan como timoneros o remeros, situación esta que indica a claras la meta que para sus mejoras económicas podrían buscar los comunes. Cuando los pueblos comenzaron hacia fines del siglo XVIII a desintegrarse por las circunstancias ya indicadas, fue no obstante el común que seguía en el pueblo; el cacicazgo quedó anulado en práctica por el mismo proceso de desmitación; la gente de oficio, por necesidad misma de los artesanos en la provincia, buscaba mejoras fuera del pueblo; quedaba el guaraní común en espera de su lote para chacra, de su buey y de su vestuario indispensable, lo que implicaban los decretos de jubilaciones y liberaciones del sistema comunal.

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